La cordialidad con que el jefe de gabinete Alberto Fernández recibió al subsecretario de Asuntos Políticos de la cancillería de los Estados Unidos, Nicholas Burns, y al subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, y el saludo que ambos recibieron del presidente Néstor Kirchner contrastan con la actitud que el Gobierno nacional dispensó al Procurador General Alberto Gonzales: a sugerencia de la Cancillería el Poder Ejecutivo dispuso que sólo fuera recibido por sus pares, lo cual frustró el propósito del visitante de reunirse con Kirchner y Fernández. Esta no fue una decisión protocolar, ya que ninguno de los funcionarios estadounidenses que en las últimas semanas visitaron la Argentina tiene tan alto rango como Gonzales.

Su cargo en inglés se denomina Attorney General y forma parte del gabinete ministerial, el único de sus miembros que no lleva la denominación de secretario. Además, Gonzales tiene una antigua relación personal con el presidente George Bush: fue miembro de su gabinete en Texas e integrante de la Suprema Corte de Justicia de ese estado. Al asumir la presidencia, Bush lo llevó a la Casa Blanca como su principal asesor jurídico y en 2005 lo designó en su actual cargo, cuya competencia no tiene un correlato estricto en el ordenamiento institucional argentino: desempeña algunas funciones que aquí corresponden al ministro de Justicia, otras propias del Procurador General, algunas del Procurador del Tesoro y varias del secretario de Seguridad Interior.

Ni Burns, ni Shannon, ni el adjunto de la Representación Comercial de Estados Unidos, John Veronau, tienen una jerarquía similar a la de Gonzales. Burns ocupa un lugar en el tercer escalón en el ministerio de Relaciones Exteriores de su país (detrás de Condoleeza Rice y John Negroponte y junto con otros subsecretarios) y Shannon en el cuarto. Veroneau, que esta semana se reunió con la ministra de Economía Felisa Miceli, es el segundo de la Representante Comercial Susan Schwab, que tampoco integra el gabinete sino una estructura especializada dependiente de la Presidencia. Si se les hubiera aplicado la misma lógica impuesta a Gonzales, deberían haberse reunido con funcionarios cuyos nombres ni siquiera son conocidos más allá del ámbito de sus respectivos ministerios. Invitados por el embajador de los Estados Unidos, Earl Anthony Wayne, los ministros de Justicia y de Interior se reunieron con Gonzales en la embajada, Alberto Iribarne para un desayuno y Aníbal Fernández durante el almuerzo. En cambio, el Procurador General Esteban Righi declinó visitarlo en la embajada y lo recibió en su despacho. Ambos ministros habían sido instruidos por el Poder Ejecutivo para cuestionar las posiciones sostenidas por Gonzales en su asesoramiento a Bush acerca de permisos y prohibiciones en la denominada “guerra contra el terrorismo”.

Partidario de los tribunales militares y opuesto a reconocer a los detenidos la presunción de inocencia, Gonzales envió un memo al presidente en enero de 2002 según el cual las convenciones de Ginebra no debían aplicarse a los detenidos en la cárcel especial instalada en Guantánamo, porque eran “obsoletas” y dificultarían el interrogatorio de los “combatientes enemigos”. El 1 de agosto de ese mismo año la oficina de Gonzales produjo otro memo, según el cual era lícito amenazar de muerte a los detenidos y someterlos al dolor físico, siempre que no equivaliera al que produce una herida grave o al colapso de un órgano. En cuanto a los abusos psicológicos, sólo podían ser equiparados a la tortura si causaban un “daño psicológico duradero”. Además, las leyes que prohíben la tortura no se aplican al presidente, en su carácter constitucional de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, sostenía. Este fue el camino que condujo a las torturas de prisioneros en la cárcel de Abu Ghraib.

En cada uno de sus encuentros, el ministro de Bush transmitió el apoyo de su gobierno al dictamen que acusó a medio gobierno de Irán por el atentado contra la mutual judía de Buenos Aires. Para desgracia de la Argentina, si Bush se decidiera a atacar Teherán, la foto del fiscal Alberto Nisman no desentonaría en la nariz del primer misil. Con Righi, Gonzales se explayó además sobre cuestiones de técnica y organización judicial. Con Iribarne y Aníbal Fernández, en cambio, luego de encomiar la reforma de la Corte Suprema de Justicia argentina, expuso la política de su gobierno en la denominada “guerra contra el terrorismo” y agradeció la cooperación argentina. Iribarne le explicó que los métodos usados por la dictadura argentina hace tres décadas derivaron en el terrorismo de Estado, que el actual Gobierno rechaza. Fernández dijo que la cooperación tenía un límite: mencionó en forma explícita los memos famosos de Gonzales y le explicó su desacuerdo. Agregó que el Gobierno argentino es parte del Tribunal Penal Internacional y defiende la aplicación del Estatuto de Roma, que lo creó, y de las Convenciones de Ginebra. La asombrosa respuesta de Gonzales fue que esos memos no habían sido concebidos para su difusión pública. “De todos modos reflejan su pensamiento, que nosotros no compartimos”, replicó el ministro del Interior.

En 2000, a pedido de Eduardo Duhalde, Alberto Fernández organizó un encuentro con el entonces gobernador bonaerense y precandidato presidencial Carlos Rückauf, quien proponía “meter bala a los delincuentes” y había designado como ministro de Seguridad a Aldo Rico.

–No sé en la provincia, pero en la Capital eso no corre –argumentó Fernández.

–Mirá, pibe. Los porteños quieren que termines con el delito y que no les cuentes cómo lo hiciste –respondió el delfín de Duhalde. El diálogo fue recordado esta semana a raíz de la frase de Gonzales sobre la publicidad de su memo.

La cuestión reapareció durante el encuentro de Burns con el jefe de gabinete. Luego de exagerar las diferencias que veía entre Kirchner y Chávez, el norteamericano elogió la política de derechos humanos del Gobierno argentino y el castigo a los represores de la dictadura. Luego se refirió en forma elíptica a “las objeciones que funcionarios de ustedes transmitieron a funcionarios nuestros”. Cuando terminó de entender de qué se trataba, Fernández ratificó la impugnación a las recomendaciones de Gonzales aplicadas en Guantánamo y Abu Ghraib.

No estaría de más que el Gobierno informara de estos diálogos a los jefes de las fuerzas de seguridad argentinas que, pasando por alto jerarquías, Gonzales también convocó a un encuentro en la embajada. Para que no les queden dudas acerca de la política del Gobierno del que dependen.