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Néstor Kirchner analizaba anoche una respuesta judicial a la toma de la Legislatura de Santa Cruz. El Presidente reflejó su peor humor después de conocer la actitud de los trabajadores estatales, y estudiaba impulsar al gobierno provincial a realizar una denuncia a fin de que un juez ordene el desalojo de la sede parlamentaria.

Kirchner se fue informando minuto a minuto de los acontecimientos. Le llegó el dato preciso de la presencia de 14 trabajadores dentro del recinto y habló de otros 40 en las inmediaciones, aunque algunos le advirtieron que el número podría ser de alrededor de 300.

“No vamos a reprimir. Si están buscando eso se equivocan. Pero tampoco vamos a dejar que se haga cualquier cosa. Probablemente apelemos a una salida judicial”, evaluó ante Página/12 un hombre de extrema confianza del Presidente.

Amén de la estrategia elegida, Kirchner trinaba anoche por el desgaste que podría imprimirle la toma, justo en la semana en que todo el sistema mediático había sido cubierto por la muerte del docente Carlos Fuentealba y su impacto sobre el módico capital político de Jorge Sobisch.

Nadie perdió oportunidad para capitalizar la crisis. El diputado lavagnista Eduardo Arnold, un ex vice de K ahora vuelto en su mayor enemigo, se regocijó achacando una supuesta doble faceta de Kirchner. “Parecería que en la Nación gobierna Fidel y en la provincia Fulgencio Batista”, señaló.

El Presidente mantuvo varias conversaciones. Una de ellas fue con el diputado Edgardo Depetri, un miembro de ATE nacional con excelentes lazos con el kirchnerismo. No encontraron muchas explicaciones de la evolución del conflicto, sobre todo porque se había abierto un canal de diálogo con los sectores afectados.

–¡Está loco! –aseguran que fue la síntesis de Pablo Micheli, el secretario general de ATE, cuando se enteró de que el referente de su gremio en Santa Cruz, Alejandro Garzón, había decidido la irrupción en la Legislatura.

–Si mañana me reciben (en el Gobierno), levantamos la toma– habría reclamado Garzón, que cabalga sobre el conflicto docente.

Es altamente improbable que el kirchnerismo responda a esa demanda. Por convicción o muestra de poder, el gobierno K no suele obrar bajo presión.

En rigor, el reclamo de abrir espacios de discusión comenzó a saciarse ayer. Kirchner estuvo con Hugo Yasky, el titular de la CTA, la central que nuclea a docentes y estatales. A su vez, Yasky se reunió con los referentes de educación santacruceños que arribaron esta semana a la Capital Federal.

Quienes hilaron fino encontraron en las inminentes elecciones del gremio estatal de Santa Cruz, previstas para fin de mayo, los aires combativos de la actual conducción, que viene siendo cuestionada en Río Turbio y Pico Truncado. “Se están corriendo todos por izquierda, nadie quiere perder su espacio, su cuota de poder”, dijeron dentro de la Casa Rosada, metiendo cuña en campo ajeno.

Especulaciones al margen, existen reclamos en el ámbito gremial, como el de elevar un básico que en el caso de los docentes es de 161 pesos –pese a que el salario inicial de 1800 pesos es uno de los más altos del país–, o modificar un artículo de la emergencia económica que traba las paritarias. En la Casa Rosada aseguran que a pesar del envío de gendarmes a la provincia no habrá órdenes de reprimir. Después de lo de Neuquén, no parece haber margen para que esa postura sea únicamente declamativa.