No hay mayor anhelo a esta altura para los sobrevivientes de los campos de exterminio de la última dictadura y los familiares de los desaparecidos que conseguir “que la justicia se haga realidad”. Ante el pleno del Consejo de la Magistratura y una sala repleta, Graciela Daleo, una ex detenida de la ESMA, explicó que ese deseo todavía se ve frustrado y que la Cámara de Casación Penal es una de las mayores responsables. Daleo es una de las 61 querellantes en las megacausas sobre los crímenes del terrorismo de Estado que pidieron el juicio político de cuatro integrantes de ese tribunal por obstaculizar los expedientes. Ayer ampliaron sus argumentos y las pruebas que demostrarían que los camaristas buscaron favorecer a los represores demorando los juicios orales y con el uso de criterios de excarcelación flexibles que durante años no admitieron para delitos comunes. La presentación tuvo un lugar prioritario en el orden del día del organismo judicial. Por la tarde la Comisión de Acusación puso las primeras medidas en marcha e incluso analiza extender las imputaciones a otros jueces.

En el Consejo de la Magistratura hay consenso para avanzar en la investigación contra los camaristas. Desde ahora se abre un plazo de veinte días para que los acusados, si quieren, presenten un descargo y propongan pruebas. Después, la Comisión de Acusación, que preside la kirchnerista Diana Conti, tiene seis meses para resolver si hay elementos para impulsar el juicio político. En el ínterin puede citar a los jueces a declarar como sospechosos. Por azar, la instrucción del sumario quedó a cargo Luis Cabral, uno de los jueces que integran el cuerpo. Cabral hará en los próximos días “una compulsa” propia de la situación de las causas en la Cámara de Casación.

“No estamos aquí para denunciar sólo demoras, no es un problema de colapso de la Justicia. Hablamos de una actitud obstruccionista. Son más de 200 los planteos sin resolver en la Cámara de Casación”, advirtió el abogado Rodolfo Yanzón que representa a familiares y víctimas. La primera maniobra tendiente a paralizar una de las causas, citó Yanzón, se dio en el caso ESMA: dos meses después de que el Congreso aprobara la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, la Sala IV del Tribunal de Casación le pidió al juez Sergio Torres la totalidad del expediente, que acababa de reabrir. “Torres se limitó a enviar algunas fotocopias. Sería bueno que lo llamen (como testigo)”, les sugirió a los consejeros.

La Sala IV, especializada en temas militares, es la que tiene pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura. La integran Gustavo Hornos, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia y, como suplente, Eduardo Riggi. Riggi reemplaza a Amelia Berraz de Vidal, que se excusó en las causas sobre los crímenes dictatoriales por su amistad con un represor detenido por su papel en el Primer Cuerpo de Ejército. Aunque la denuncia la comprendía en forma indirecta, esta jueza presentó su renuncia el lunes último con el argumento de que consiguió la jubilación. El camarista Alfredo Bisordi, con pedido de destitución, se tomó licencia médica por un mes después de armar un gran alboroto por radio ante los reclamos de celeridad del Gobierno al que acusó de entrometerse en la Justicia.

Tanto Daleo como Yanzón, sentados en uno de los extremos de la gran mesa oval del Consejo, enfatizaron que aunque su presentación hace eje en cuatro camaristas “abarca a todo el Tribunal de Casación”. Junto a ellos asomaban los pañuelos blancos de Nora Cortiñas y Mabel “Tati” Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Y se sumó Marcelo Conti, hijo del escritor desaparecido Haroldo Conti, quien relató sus avatares en los tribunales desde que presentó los primeros hábeas corpus por su padre hasta hoy. Sobre la calle Libertad, en la entrada del edificio, varios integrantes de HIJOS fueron disfrazados de embudo, para simbolizar lo que hace Casación con las causas de derechos humanos.

Yanzón describió distintas maniobras del Tribunal de Casación. En un grupo, incluyó los recursos no resueltos por largo tiempo que impiden la elevación a juicio oral. Es lo que ocurre, señaló, con la causa ESMA por un planteo del represor Raúl Scheller presentado hace tres años, que cuestiona la propia reapertura del expediente, y retarda el juzgamiento de diez marinos, entre ellos Alfredo Astiz. En otro grupo, señaló las excarcelaciones a represores: para otorgarlas, dijo el abogado, la Cámara revirtió el criterio restrictivo que solía aplicar para delitos comunes.

“A los jueces de la Cámara de Casación nunca les interesó la libertad de mucha gente arrojada a las cárceles, verdaderas mazmorras. Sólo se acordaron de la libertad con el único objetivo de beneficiar a los acusados de masivas violaciones a los derechos humanos”, aseguró.

Como elementos nuevos, los querellantes informaron que desde que presentaron el pedido de juicio político el 19 de marzo, empezaron a recibir una tras otra cincuenta notificaciones de resoluciones de la Casación. No eran resoluciones de fondo, pero reactivan los causas. Algunas tienen fecha anterior a la denuncia, pero Yanzón sospecha que fueron falseadas. Página/12 adelantó que lo mismo le pasó al Centro de Estudios Legales y Sociales: de repente recibieron 74 cédulas. “Hubo un ardid que se debe investigar”, reclamó el letrado.

Otro dato que añadieron los denunciantes es la reciente excarcelación de cinco represores que estarían en condiciones de enfrentar el juicio oral. Son los ex jerarcas del Primer Cuerpo de Ejército Pedro Durán Sáenz, Héctor Gamen, Alberto Pedro Barda, Hipólito Mariani y César Comes, que igual siguen presos por otras causas. “Como las incidencias no se resuelven, el tribunal oral no fija fecha de juicio”, alerta la presentación de ayer.

En algunos casos que ya desembarcaron en el Tribunal Oral 5, Yanzón sostuvo que la Cámara de Casación puso en juego otra estrategia “para poner obstáculos”. Consiste en exigirle periódicamente al tribunal que justifique por qué no admite tramitar otros casos –en especial sobre delitos de drogas– por fuera de las megacausas de derechos humanos. Esa advertencia administrativa surgió, según detalló el abogado, de dos ex presidentes de la Cámara: Juan Rodríguez Basavilbaso y Bisordi.

Bisordi estaba excusado de intervenir por sentirse “enemigo manifiesto de los querellantes”, es decir, los sobrevivientes, familiares de desaparecidos y organismos de derechos humanos. “¡Bisordi cree que fumarse un porro es lo mismo que un centro clandestino!”, se enfureció Yanzón. “Bisordi no puede estar un segundo más en su cargo de juez. No tiene que renunciar, lo tienen que echar”, reclamó. Las referencias a Rodríguez Basavilbaso, motivaron que la Comisión de Acusación comenzara a la tarde a analizar la posibilidad de investigarlo también. Este juez estuvo involucrado junto con Bisordi, en 1999, en un pedido de juicio político de la DAIA –que fue archivado– por favorecer a tres skinheads en una sentencia que justificaba expresiones antisemitas.

Graciela Daleo, a quien Bisordi llamó “delincuente terrorista” en una sentencia, concluyó la Cámara de Casación, es “una herramienta” clave de una “trama de impunidad” en la que incluyó a todos lo poderes del Estado, de la que “forma parte la desaparición de Julio López” y se expresa en el hecho de que un sargento como Darío Poblete, involucrado en el asesinato de Teresa Rodríguez y en apremios ilegales, estuviera en libertad, lo que le permitió matar al profesor Carlos Fuentealba durante la protesta docente en Neuquén. Yanzón advirtió sobre la “intranquilidad” que sufren los testigos de los juicios a represores “mientras los imputados están en libertad” y destacó que “los grandes perjudicados son los sobrevivientes y familiares que aún no pueden conocer qué sucedió con cada una de las víctimas” de la dictadura.