Afganistán sigue amargando la vida de Romano Prodi. La nueva crisis gira en torno de las confusas gestiones para la liberación del periodista Daniele Mastrogiacomo, secuestrado por un grupo talibán e intercambiado por cinco talibanes presos. El gobierno italiano cedió a una ONG, Emergency, las negociaciones con los secuestradores, y presionó al presidente Hamid Karzai para que excarcelara a los acusados de terrorismo, lo que empeoró las relaciones entre Roma y Kabul. La oposición dijo ayer que Prodi llegó a amenazar a Karzai con retirar sus tropas de Afganistán. El gobierno negó las acusaciones y pidió a la ONU y a la OTAN que establecieran un “código de comportamiento” para enfrentarse a secuestros como éste.

El ministro de Asuntos Exteriores, Massimo D’Alema, compareció ante la Cámara de los Diputados para dar explicaciones sobre la confusa peripecia del secuestro de Mastrogiacomo. D’Alema aseguró que la actuación gubernamental había sido regida “por criterios humanitarios” y planteó la necesidad de unas normas comunes para todos los países occidentales en caso de secuestro. “Ha llegado el momento –dijo–, de pensar en unas líneas generales compartidas a nivel internacional, un código de conducta común”, y añadió que correspondía a OTAN y ONU la elaboración de ese “manual” para la gestión de secuestros en situaciones de guerra.

Daniele Mastrogiacomo, enviado especial de La Repubblica, salió con vida de Afganistán. Pero sus dos acompañantes afganos, el chofer Sayed Agha, y el intérprete, un periodista local llamado Adjmal Naqshbandi, fueron asesinados. Los secuestradores degollaron a Agha en presencia de los otros dos rehenes y filmaron la matanza, decapitación incluida. El periodista Naqshbandi llegó a ser liberado junto a Mastrogiacomo, pero fue apresado de nuevo inmediatamente después y asesinado unos días más tarde. Su funeral congregó el miércoles en Kabul a más de 10.000 personas.

La muerte de los dos afganos no favoreció la popularidad italiana en Afganistán. Muchos consideraron que el gobierno de Roma se había desinteresado de las vidas del chofer y del intérprete. Un posterior acontecimiento complicó todavía más la posición de Prodi: Rahmatullah Hanefi, el empleado afgano de Emergency que negoció con los talibanes la liberación de Mastrogiacomo, fue detenido por las autoridades de Kabul y encarcelado, bajo la acusación de colaborar con el enemigo. Emergency, una ONG italiana que mantenía cuatro hospitales en Afganistán, fue acusada también de colaborar con los talibanes y Al Qaida. Los 38 cooperantes extranjeros de la ONG abandonaron el país el pasado miércoles.

Hamir Karzai, el presidente afgano, no quiso callar su descontento con Prodi. En una nota emitida el 6 de abril reveló que el gobierno italiano le había expresado el temor a un “colapso” de su mayoría parlamentaria si no se conseguía la liberación de Mastrogiacomo, con consecuencias imprevisibles para la permanencia de las tropas italianas en Afganistán. Karzai aseguró también que “nunca más” intercambiaría terroristas por rehenes.

Gianfranco Fini, presidente de Alianza Nacional y anterior ministro de Asuntos Exteriores, acusó al gobierno de amenazar a Karzai con la retirada y de “omitir información” en las explicaciones de D’Alema. Otros parlamentarios de la oposición coincidieron en que no era lo mismo pagar a los secuestradores, como había hecho el gobierno de Silvio Berlusconi varias veces en Irak y el mismo gobierno de Prodi, en octubre pasado, para resolver el secuestro en Afganistán del fotógrafo Gabrielle Torsello –el rescate fue de dos millones de dólares– que acceder a intercambios.

Massimo D’Alema replicó que los talibanes liberados a cambio de Mastrogiacomo “eran portavoces, no combatientes y, por lo tanto, de peligrosidad limitada” y se declaró impotente para resolver la situación del detenido de Emergency: “Sólo podemos pedir al gobierno afgano que especifique las acusaciones y, si es necesario, juzgue a Hanefy con rapidez y con todas las garantías procesales”, explicó.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.