A través de la nota 1776 remitida el 26 de marzo al gerente general de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, al secretario de Energía, Daniel Cameron, y a las Transportadora Gas del Norte y Transportadora Gas del Sur, el Ente Nacional Regulador del Gas modificó los valores unitarios de referencia que se utilizan como base para cotizar las obras para ampliar la capacidad de los gasoductos troncales. De esta modificación resultó que el programa oficial 2006-2008 costará algo más de 2347 millones de dólares, cerca de 900 millones menos de lo previsto poco antes. Este repentino abaratamiento plantea incógnitas sobre el amplio margen de discrecionalidad que existe a la hora de confeccionar los presupuestos para desarrollar la costosa infraestructura energética.

Se trata de un plan bianual, el segundo que se ejecuta para ampliar la capacidad de transporte mediante obras que son gerenciadas por TGN y TGS, pero costeadas por un fideicomiso que administra el Banco Nación y bajo la supervisión técnica de las secretarías de Energía y Obras Públicas y el Enargas: son estos organismos públicos los que tienen la última palabra acerca de qué se hace finalmente y cuánto se paga por cada cosa. En el marco del primer programa se contrató a la sueca Skanska, hoy investigada por el uso de facturas apócrifas para encubrir el presunto pago de coimas. Al fideicomiso manejado por Ulloa aportan inversores privados interesados en que se hagan las obras, entidades bancarias y el propio Estado. Pero el repago finalmente se hace imponiendo a los usuarios industriales un cargo específico por un lapso determinado.

TGN y TGS gerencian los proyectos y cobran por ello un honorario. Este segundo plan de ampliación recreó las condiciones para esta labor, privando a esas empresas de la facultad de opinar sobre cuestiones económicas de los contratos, algo que hasta ahora hicieron aunque sin que tal pronunciamiento tuviera poder vinculante para el fideicomiso.

Después de hacer la correspondiente consulta sobre la capacidad de transporte que estaban dispuestos a contratar los usuarios del sistema (la estatal Cammesa, administradora del mercado eléctrico mayorista, entre ellos), el Enargás fijó hacia fines del año pasado los valores unitarios de referencia (vur). Esta unidad de medida –expresada en dólares el metro cúbico a transportar– no equivale en sí misma al presupuesto de las obras, pero es el parámetro básico para definir cuál será el costo total y cuánto el cargo que tendrán que pagar luego las industrias.

De esos vur originales surge que todo el programa en curso costaría muy cómodamente por encima de los 3200 millones de dólares. Ese número, expresado como una cifra global, no fue consignado formalmente así en las resoluciones oficiales, pero surge nítido de multiplicar aquella unidad de medida por la cantidad de gas nuevo a transportar involucrado en cada tramo. Aquel monto es también el valor del que dan fe las transportistas, que son las que diseñan el plan de obras y gerencian su ejecución por cuenta y orden del fideicomiso.

Aquella cifra resulta además consistente con una obra ofertada por la constructora Norberto Odebrech SA, que servirá para tender tramos nuevos y plantas compresoras a realizar en la zona norte y que demandaría cerca de 1900 millones de dólares (para obtener los valores definitivos hay que adicionarle luego estudios de impacto ambiental, seguros, honorarios de gerenciadores y otros conceptos).

Por nota al apoderado de Cammesa, Luis Alberto Beuret, del 22 de enero pasado, el presidente del ente regulador, Fulvio Madaro, aludió a la oferta de Oderbrech, destacando que los montos “se encuentran encuadrados dentro de los valores de referencia comunicados en las notas ENRG números 9126 y 9129”, ambas del 2006.

Pero a fines de marzo el órgano regulador remitió una nueva nota con los “valores unitarios de obra a ser tenidos en cuenta por el Enargás en su carácter de organizador... para la razonabilidad de los precios” de todo el programa bianual y que representa un recorte de entre el 30 y el 40 por ciento según los tramos de las obra de que se trate. Aquí sí los técnicos oficiales hacen un cálculo total y definitivo del costo íntegro del plan 2006/2008 que está “estimado” en 2.347.188.307 dólares sin IVA: poco más de 924.659 bajo la jurisdicción de TGS y 1.422.846 en la de TNG.

Ante una consulta de este diario, el ente sólo admitió esta última comunicación, en la que pone un precio final a un programa que hasta entonces tenía un valor global implícito, surgido de las licitaciones ya en curso y los vur utilizados para realizarlas. Es más. Para el órgano de Madaro, cualquier corrección en ese sentido sería “competencia exclusiva del Ministerio de Planificación”, según aclaró oficiosamente.

El cambio en el parámetro para cotizar estos emprendimientos tiene varias consecuencias: una de ellas, ligada a las contrataciones ya en marcha con los valores anteriores. Para mantener el precio al contrato de Oderbrech, por ejemplo, el fondo debería buscar recursos adicionales, que posiblemente vendrían del brasileño Bndes.

Otro impacto es en la economía de los usuarios industriales que tienen que repagarla. El cargo específico calculado hasta hace unos meses para nutrir al fideicomiso implicaba un recargo superior al 500 por ciento sobre la denominada tarifa base (el impacto sobre el precio final de las facturas es menor), lo que motivó airadas críticas de la Unión Industrial Argentina, presentaciones judiciales de otras entidades patronales y la apertura de una negociación con el secretario de Coordinación de Planificación, Roberto Baratta, con el fin de aliviar esa obligación de los empresarios. Los retoques presupuestarios aludidos permitieron bajar aquel cargo a un 380 por ciento, mejora que tampoco contentó del todo.

La ley 26.095, de mayo del 2006, habilitó la imposición de esa sobretarifa para costear obra energética. Entonces, la oposición parlamentaria cuestionó como excesiva la libertad que tendría el Ejecutivo para definir tanto la envergadura del cargo como qué emprendimientos costear con él.