A pesar de los fuertes subsidios, las empresas de colectivos de la Capital Federal y el conurbano bonaerense anunciaron que desde el próximo lunes reducirán la frecuencia de sus servicios entre las 22 y las 5. Lo harán en protesta por lo que consideran un apoyo insuficiente del Estado para cubrir sus costos operativos. La alternativa, deslizaron, sería aumentar el precio de los boletos. Como en otras oportunidades, los empresarios confían en que el mero anticipo de medidas de fuerza lleve al Gobierno a buscar la forma de mejorarles la asistencia. Para este año, el Ejecutivo ya presupuestó unos 5500 pesos de ayuda por cada colectivo en marcha, frente a los 4000 pesos que destinó en 2006.

A través de un comunicado, cuatro cámaras del autotransporte de la zona metropolitana advirtieron que habrá “una racionalización de los servicios” nocturnos a partir del lunes. Los transportistas se quejan de que “los subsidios otorgados por el Estado no resultaron suficientes ni siquiera para pagar los mayores costos derivados de aumentos salariales”. Firman la nota la Asociación Civil de Transporte Automotor (ACTA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba).

Sin señalar qué es lo que reclaman en particular, los transportistas detallaron la serie de “factores” que consideran causantes de la “crisis” del sector, como el “congelamiento de la tarifa desde el 3 de diciembre de 2000, el aumento en el costo de los vehículos, repuestos y gastos de mantenimiento y la fuerte descapitalización de las empresas”.

El Gobierno aumentó en varias oportunidades los subsidios frente a reclamos similares. Lo hizo con el argumento de que si no hubiera apoyo estatal, el boleto mínimo debería pasar de 75 centavos a 1,70 peso. La asistencia oficial a las empresas de colectivos pasó de 274 millones de pesos en 2003 a 1695 millones presupuestados para este año. En 2006 fueron 1238 millones, luego de que se asignaron 395 millones mediante un nuevo Régimen de Compensaciones Complementarias, a través del cual se reasignaron partidas del presupuesto nacional. Desde 2002 existe un Régimen de Compensaciones Tarifarias que recibió fuertes cuestionamientos por el mecanismo de distribución de los recursos.

El Gobierno obtiene los fondos para el Régimen de Compensaciones Tarifarias de un impuesto especial sobre el gasoil. La recaudación es derivada a un fideicomiso que administra el Banco Nación. La Secretaría de Transporte toma fondos de allí para repartirlos entre las distintas empresas. Esta política de asistencia es la misma que desarrollan países centrales para evitar un elevado costo del transporte para la población. Sin embargo, el problema aquí es que los montos asignados a cada empresa se calculan sobre la base de declaraciones juradas que presentan las mismas compañías, sin un suficiente control por parte del Estado. Esto impide conocer si el subsidio es suficiente o insuficiente.

Además de los subsidios, las empresas de colectivos quedaron eximidas del pago de peajes, se flexibilizó la exigencia de renovación del parque automotor y se habilitó una línea de créditos blandos por el Banco Nación. Los empresarios sostienen que de todos modos no alcanza y señalaron que “el Estado deberá atender urgentemente las necesidad del sector para que este servicio esencial, que traslada al 70 por ciento de los pasajeros del área metropolitana, no desaparezca”.