La mesa de negociación que maestros y funcionarios santacruceños están llevando adelante en la cartera laboral nacional avanza lentamente. Comienzan a acercarse en las propuestas y ayer anunciaron un cuarto intermedio hasta el lunes para seguir con las conversaciones. Los maestros evaluarán lo actuado en el congreso docente que sesiona en Río Gallegos, donde decidirán los pasos a seguir. Por otro lado, el gremio presentó ante el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) una denuncia por actos de “discriminación por opinión gremial”.

El secretario general de la Asociación Docentes de Santa Cruz (Adosac), Pedro Muñoz, se mostró optimista por el proceso de discusión salarial que entablaron en el Ministerio de Trabajo con los representantes del gobierno de Santa Cruz. Después de salir del encuentro que mantuvieron ayer, destacó que estaban “en un ida y vuelta, pero lo importante es que se generó este espacio de discusión que no teníamos desde hace 17 años” y adelantó que durante el fin de semana “analizarán” las novedades en el congreso y allí definirán los siguientes pasos. El ministro de Educación, Daniel Filmus, afirmó que “donde hay discusión y diálogo, el acuerdo es posible”, y agregó que el conflicto era entre “la provincia y el sindicato”, que él actuaba como “simple intermediario”, intentando alejar al gobierno nacional de la resolución del problema.

En la capital santacruceña el enfrentamiento sigue abierto. El gremio presentó un escrito con catorce puntos ante el Inadi en los que denunció “actos discriminatorios” por parte del gobierno provincial, por entender que hubo “una permanente negativa a dialogar con el gremio docente para negociar los reclamos gremiales, que contrasta abiertamente con las negociaciones iniciadas y llevadas a buen término con los gremios petroleros y los calificados ‘afines’”. Entre otras cosas, citaron “la acusación por boca del Presidente e integrantes del gabinete nacional y provincial a gremios de la Mesa de Unidad Sindical de ser responsables del accidente producido por José Walter Mansilla Alarcón”, el vigilador privado que tomó un camión y se dirigió hacia las cercanías de la casa de Kirchner, lo que el Gobierno calificó de “atentado”.

El abogado del sindicato, Javier Pérez Gallart, también denunció penalmente por “incitación a la violencia” a un sector del Partido Justicialista (PJ), que publicó una solicitada en la que convocaba a sus militantes a defender su proyecto frente a los reclamos docentes. En la publicación firmada por la unidad básica “los muchachos peronistas”, calificaban al conflicto docente como un “irracional accionar de grupos en un desesperado intento de desestabilizar y aniquilar los estamentos gubernamentales”.