Dos ex marinos fueron detenidos por orden del juez federal de Rawson, para ser juzgados por su participación en la Masacre de Trelew. Se trata del capitán de navío Rubén Norberto Paccagnini y el de fragata Emilio del Real, a quienes la policía de Chubut ubicó y arrestó en sus domicilios de la ciudad de Buenos Aires. La filtración de las órdenes de captura en el diario Jornada obstaculizó el éxito de los demás procedimientos, en los que también debía detenerse a los dos acusados de haber acribillado a los presos, el capitán de fragata Luis Emilio Sosa y el teniente de navío Roberto Guillermo Bravo. Lo mismo sucedió con el pedido de captura del cabo 1º Carlos Amadeo Marandino, quien viajó a Estados Unidos al reactivarse la causa. Los dos detenidos serán enviados mañana al sur para su indagatoria.

Los fusilamientos ocurrieron en la madrugada del 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar, luego de la fuga del penal de Rawson. Siete días antes, los líderes del Ejército Revolucionario del Pueblo Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Mena; el de Montoneros Fernando Vaca Narvaja y los de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Marcos Osatinsky y Roberto Quieto habían logrado llegar al aeropuerto de Trelew para huir rumbo a Chile en un avión secuestrado. Los diecinueve presos que salieron en segundo término llegaron tarde y tuvieron que rendirse. Los militares no los devolvieron a la cárcel, sino que los recluyeron en la base naval, donde una semana más tarde los acribillaron. La versión oficial fue la de un supuesto nuevo intento de fuga, pero de los 19, tres sobrevivieron para contar la verdad.

El ayer detenido Paccagnini era entonces el jefe de la base naval. Si bien estaba de licencia cuando se produjeron los hechos, su responsabilidad como autoridad máxima de la guarnición militar lo vincula de manera directa al caso, en el que podría caberle al menos la figura de “encubrimiento” por no haber instado a una investigación tras los asesinatos.

El otro arrestado, Del Real, habría estado en el lugar de la masacre cuando ésta se produjo, según las declaraciones reunidas en la causa. Real tiene 73 años y una pierna amputada, mientras que Paccagnini cumplió 81 años y está bajo tratamiento médico. Ambos quedaron alojados bajo supervisión clínica en el edificio Centinela, de la Gendarmería Nacional; después de la muerte de Héctor Febres, no se quiso llevarlos a ninguna dependencia de la Armada.

El juez federal Hugo Sastre, quien está a cargo de la causa, dijo que están “ultimando los detalles para que sean llevados (en Chubut) a un lugar donde se puedan extremar las precauciones; estamos pensando en la comisaría de Rawson”.

Un tercer marino con pedido de captura, el ex cabo Marandino, fue localizado en Miami. El acusado viaja con frecuencia a ese país y tiene un pasaje de regreso a la Argentina para el martes, aunque como es obvio es improbable que ahora tenga ganas de subirse a ese avión. El juez Sastre señaló que se está tramitando su captura por Interpol.

Sosa y Bravo, que tampoco fueron todavía detenidos, son el gran misterio del caso porque después de la masacre se esfumaron de la faz de la tierra y durante décadas no se supo nada de ellos. Ambos están señalados como los autores directos de los crímenes (eran los jefes de la guardia). Lo último que se había conocido de ellos es que alguien los vio pasar por la embajada de los Estados Unidos; después, la nada. Al reactivarse la investigación de la masacre, treinta años después, los comenzaron a rastrear. En el juzgado confirmaron que los dos están vivos y que tienen residencia fijada en el país, aunque Sosa salió el año pasado; viajó a las cataratas del Niágara y no hay constancias de que haya vuelto a la Argentina. El ex marino cobra una jubilación del Estado. Las órdenes de captura incluyeron a un sexto imputado, Raúl Alberto Herrera, quien está fallecido.

Las detenciones fueron posibles por un cambio de carátula de la causa. En un principio, el expediente se había reabierto como “N. N. sobre Masacre de Trelew”, pero luego de tomar declaraciones a varios testigos, muchos de ellos conscriptos que estaban en la base ese día, el juez dispuso una nueva denominación: “Luis Emilio Sosa, Roberto Guillermo Bravo y otros sobre presuntos autores de privación ilegítima de la libertad, torturas (19 hechos), homicidio doblemente agravado (16 hechos) y tres tentativas de homicidio”.

Los fusilamientos, ocurridos durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, fueron la antesala del terrorismo de Estado que cuatro años más tarde se generalizaría en todo el país. La Corte Suprema ya sentó jurisprudencia sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos entre el ’76 y el ’83. Esta causa apunta a tener el mismo encuadramiento, necesario para considerar los delitos investigados como imprescriptibles.