Según el presupuesto 2008, el 81,2 por ciento de los 567.000 empleados del gobierno colombiano se ocupan en las áreas de seguridad, defensa y policía. Con 210.000 soldados el gasto militar (del 6,5 por ciento sobre el Producto Interno Bruto, contra el 4 por ciento de Estados Unidos y el 2 por ciento de los países de la OTAN) consume dos tercios de la inversión pública. Según cifras oficiales había 12.000 paramilitares y se han desmovilizado 25.000. Matar, apresar o desmovilizar a un guerrillero cuesta 300.000 dólares, pero la guerrilla repone al 85 por ciento de sus bajas, a un costo por unidad cien veces menor. Los relevos son reclutados en apenas 63 de los 1100 municipios de Colombia, donde los adolescentes tienen pocas esperanzas de hallar un destino que los entusiasme. Una inversión pública mejor dirigida podría obrar los milagros que no consiguen las armas. Desde que Uribe asumió la presidencia, la fumigación con químicos tóxicos no impidió que la producción de coca creciera en 30 toneladas. También hubo un millar de ejecuciones extrajudiciales y casi 250 desapariciones forzosas. Estas cifras provienen de una investigación cuantitativa de los profesores colombianos José Fernando Isaza Delgado y Diógenes Campos Romero, publicada en diciembre de 2007. Los autores concluyen que “si las FARC no existieran habría que inventarlas. Son la principal excusa para el desbordado gasto militar y para justificar la reelección indefinida”.