No es imposible que el Frente para la Victoria obtenga los votos necesarios para aprobar esta semana el proyecto de ley de movilidad jubilatoria. El Poder Ejecutivo lo envió en cumplimiento de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en uno de los tantos casos de reclamos de jubilados que ven deteriorarse sus ingresos. Luego de muchos años de maltrato durante el menemismo, con engañosas leyes denominadas de solidaridad pero que reducían ingresos, y de las retenciones del 13 por ciento a los haberes impuestas por la Alianza progresista UCR-Frepaso, el gobierno de Néstor Kirchner emprendió una política activa a favor del segmento más débil de la sociedad, con permanentes aumentos del haber mínimo, con la posibilidad de regreso al sistema de reparto y con la incorporación de más de un millón de personas al sistema provisional, del que estaban excluidas, por falta de empleo o de aportes en el momento oportuno. Pero el ascenso de la inflación erosiona esos ingresos y la ausencia de un mecanismo que asegure la movilidad constitucional dejaba cualquier mejora a los actos discrecionales del gobierno nacional. En ese sentido el proyecto de ley es un nuevo avance de calidad institucional. En las discusiones legislativas el gobierno accedió a introducir cambios en respuesta a las inquietudes recibidas: reconocerá el total del aumento de la recaudación y no sólo el 90 por ciento como se planteó en el primer momento, se aplicará sobre el total de la jubilación y no sólo sobre la prestación básica y conservarán su régimen propio más conveniente los educadores y los científicos. En cambio no aceptó adelantar su aplicación para este año ni incrementar primero el mínimo de 690 pesos, para que la base de cálculo reflejara las pérdidas ya padecidas. Lo que mayor resistencia y desconcierto causó es la fórmula elegida para determinar el índice de la movilidad, formada por los niveles salariales promedio que mide el INDEC y los de la recaudación impositiva de la ANSES. El índice del INDEC es el usado en las paritarias. Pondera el trabajo en negro, que no aporta a la recaudación, y los salarios públicos de varias provincias que tienen cajas propias y cuyos jubilados no están incorporados a la ANSES. De ese modo, el mix propuesto tendía a moderar levemente el incremento. En contraposición se alzó otra fórmula, testimonialista, que lo elevaba en un alto porcentaje. Distintos bloques en consulta con especialistas y con el apoyo de las dos centrales sindicales, se acercaron a un acuerdo intermedio, que mejoraba la propuesta oficial en términos posibles. Así pareció afirmarse la posibilidad de un consenso del Frente para la Victoria con diputados del SI como ya había ocurrido con el proyecto de recuperación de las líneas aéreas, con los radikobos y con importantes sectores de otras fuerzas políticas. Esa propuesta coincidía con la del secretario de Seguridad Social, Walter Arrighi, quien postulaba aumentar las jubilaciones según el índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), que produce esa misma dependencia para el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP). El SIJP refleja a todos los trabajadores que aportan al sistema provisional y no está distorsionado por los datos de remuneraciones de trabajadores del sector público de aquellas provincias que no transfirieron sus cajas o empleados en negro, ni por cambios de normas o metodología, ya sean administrativas o estacionales.

Pero esta semana el gobierno comunicó que insistiría en la fórmula inicial, aduciendo que ése era el reclamo que había formulado la Corte Suprema de Justicia. Al mismo tiempo el cálculo del RIPTE para el SIJP desapareció de la página web del ministerio, por exigencia de Amado Boudou, canalizada por el jefe de gabinete Sergio Massa. Boudou, quien sucedió a Massa en la ANSES, es egresado y catedrático de la Universidad del CEMA, el think tank del neoliberalismo monetarista aborigen. Se comprende con ese background ideológico su resistencia a la utilización de un indicador que fomenta la solidaridad intergeneracional, al vincular los ingresos de los jubilados a los de los trabajadores en actividad.

Un ministro de la Corte consultado negó que hubiera habido algún contacto con el Poder Ejecutivo por el tema. Agregó que en el fallo Badaro el tribunal estableció un índice de ajuste específico para ese caso pero que ello no afecta las facultades del Congreso para fijar otro distinto, en tanto respetara las características de periodicidad y automaticidad de los aumentos. Sobre todo si la alternativa propuesta mejora la situación de los beneficiarios. Como se aprecia en el gráfico la diferencia no pone en riesgo ningún indicador macroeconómico, cosa que también tiene clara el ministerio de Economía. El trámite legislativo ha dejado decepciones en sectores beneficiados y obstaculizado una ampliación de la base que sustenta al gobierno, al estilo de lo conseguido con la recuperación de las líneas aéreas. La presidente CFK tiene todavía la última palabra.

La mínima diferencia entre los dos índices no justifica el costo político de una votación dividida donde podría haber un acuerdo amplio del centro hacia la izquierda. La decisión queda en manos de CFK.