El equivalente estadounidense del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo es la Association of the Bar of the City of New York, que reúne a abogados de los principales estudios de Manhattan. En abril de 1979 cinco de sus miembros visitaron la Argentina para investigar las denuncias recibidas de colegas argentinos, como Emilio Mignone. Su objetivo declarado fue interesarse por el ejercicio de la abogacía libre de intimidación gubernamental y el derecho de todas las personas privadas de su libertad a un trato humano y un juicio justo. Integraban la misión ex jueces como Marvin Frankel; el abogado Harold Healy Jr, del gran estudio Debevoise, Plimpton, Lyons & Gates; el ex presidente de esa asociación de abogados de Nueva York, Orville H. Schell, y los asociados Stephen Kass y Scott Greathead. Estos abogados de Wall Street compilaron una lista de 191 colegas argentinos detenidos bajo el estado de sitio, la mitad de ellos desaparecidos. “No es fácil ejercer la profesión legal en la Argentina de hoy” y los abogados laboralistas o penalistas corren el riesgo de desaparecer si desafían las prácticas oficiales. Aun así, los enviados estadounidenses se preguntaron quién hablaría, si los abogados no lo hacían. “¿Puede una profesión dedicada al derecho y a la representación legal, las audiencias imparciales y el tratamiento humano para personas acusadas de violar esas leyes, permanecer en silencio cuando miles son encarcelados, torturados o asesinados según el capricho de los escuadrones de la seguridad estatal?” Tanto la Asociación de Abogados de Buenos Aires como la Federación Argentina de Colegios de Abogados, FACA, hicieron lo que estaba a su alcance para obtener la liberación de algunos abogados o “condenaron actos específicos de violencia contra el foro”. Pero “el grupo que podría haber hecho la diferencia es el Colegio de Abogados de Buenos Aires, la más prominente organización del foro local. Su presidente y su comisión directiva nos recibieron en forma cordial y escucharon con respeto nuestros puntos de vista. El Colegio se manifestó doctrinariamente de acuerdo con que todos los ciudadanos, incluso los ‘subversivos’ tenían derecho a conocer los cargos en su contra, a un juicio rápido y justo con la asistencia de un defensor y a recibir un tratamiento humano en la cárcel. Sin embargo, nos dijeron que la observación de esas exquisiteces debía esperar a que se lograse una victoria más segura sobre los terroristas, después de la cual sería factible una restauración gradual del estado de derecho”. Para explicitar esa opinión, entregaron a sus visitantes copia de una declaración del 22 de agosto de 1978, en la cual el Colegio elogia a las Fuerzas Armadas por haber llenado un vacío de poder y restablecido el orden “en forma técnicamente irreprochable”. Esa declaración también sostuvo que el gobierno militar cumplió sus promesas de luchar contra la subversión y la corrupción y que “en la guerra hay heridos, muertos y desaparecidos por ambos lados, el de los subversivos y el de los Libertadores”. Los visitantes concluyeron que la principal preocupación del Colegio era “el terrorismo de izquierda”, frente al cual consideraban a “la guerra sucia una respuesta lamentable pero necesaria y justificada”. Los emisarios también se reunieron con un “grupo vigoroso y activo de jóvenes abogados integrantes de Fores”, para quienes “los horrores de la ‘guerra sucia’ eran, si no justificables en teoría, por lo menos necesarios” y en todo caso, de menor importancia que las reformas judiciales. “Lo que más nos chocó fue el aparente consentimiento de un número significativo de nuestros colegas al estado de ilegalidad actual.” Por importante que sea la reforma administrativa de la justicia, “no justifica ignorar los males de fondo enumerados en este informe”, concluyeron los abogados de Wall Street.