La detención del ex piloto naval Julio Poch en España y de su camarada Hemir Hess en Bariloche reinstalaron la conciencia sobre la impunidad de los represores que participaron de los vuelos de la muerte. Denunciado por sus compañeros de la aerolínea Transavia, la investigación de la confesión de Poch fue impulsada por un fiscal del Reino de los Países Bajos, que viajó a la Argentina para asegurarse su extradición. La causa de Hess, quien contó que sus víctimas caían “como hormiguitas”, hibernó durante cuatro años en un juzgado de Comodoro Py, que la desempolvó cuando el caso trascendió en la prensa. El método argentino de desaparición de personas, conocido desde hace tres décadas por los testimonios de sobrevivientes y confirmado por la confesión pública del capitán Adolfo Scilingo en 1995, sigue siendo una de las grandes deudas de la Justicia con las víctimas del terrorismo de Estado, con sus familias y con toda la sociedad argentina.