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Desde la oposición porteña van a impulsar un pronunciamiento de todo el arco político para que Mauricio Macri dé una respuesta institucional. Hasta ahora, en la gestión PRO niegan que el jefe de Gobierno tenga pensado presentarse en la Legislatura a dar explicaciones. Mucho menos pedirse licencia. Sus adversarios intentarán avanzar con la conformación de una comisión investigadora, aunque existen diferencias sobre cómo debe estar integrada y cuáles deben ser sus objetivos.

El bloque de PRO tiene 24 bancas. Perdió dos a manos de Francisco de Narváez, cuyos referentes anunciaron que van a “garantizar la calidad institucional”. Para interpelar, suspender o iniciarle juicio político a Macri se necesitan dos tercios de los sesenta legisladores: es decir, cuarenta. De allí la tranquilidad con la que el jefe de Gobierno manejó hasta ahora su procesamiento por espionaje ilegal. Macri procedió simplemente ignorando a los opositores, aunque ya varios funcionarios tuvieron que dar explicaciones en el recinto. Este martes le volverán a reclamar que se presente ante el Poder Legislativo.

Desde hace meses, el peronista Diego Kravetz insiste con la necesidad de crear una comisión investigadora de las escuchas ilegales. Argumenta que no hay votos para otra cosa. Desde varios sectores de la oposición recelan de esta iniciativa, dado que podría ser usada por el macrismo para hacer una suerte de contrainvestigación del caso que –para muchos opositores– ya fue investigado por el Poder Judicial. “No creo que sea necesaria una comisión investigadora. Se puede caer en un show”, dijo el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, quien de todas formas exigió que “la Legislatura pida las fotocopias de la causa penal”. Esa posibilidad fue bloqueada por la bancada macrista.

Por su parte, el legislador de Igualdad Social, Martín Hourest, trabaja en el diseño de una comisión que tenga fines más acotados y que no permita al macrismo desplegar una suerte de investigación paralela. Se trataría de una comisión que evalúe la responsabilidad política y, concretamente, el eventual mal desempeño, que es una causal de remoción del jefe de Gobierno. “Lo que tenemos que evaluar es el mal desempeño de Macri al nombrar a funcionarios para realizar actos de corrupción o delitos, como fue el caso de Ciro James y Palacios”, indicó Hourest. “Si a De la Rúa lo procesaron por utilizar a una persona del Concejo Deliberante como jardinero, ¿cómo es posible que Macri, que contrató a gente de inteligencia para fines ilegales, pueda seguir al frente del gobierno?”, se preguntó.

La Constitución porteña establece como causal de remoción para los legisladores un “procesamiento firme por delito doloso de acción pública”, pero no para el jefe de Gobierno, que legalmente puede mantener sus funciones mientras pesa un procesamiento firme sobre su cabeza. Desde distintos sectores, sin embargo, se trabaja en la idea de un pronunciamiento público de las primeras figuras de la ciudad para que Macri responda a la crisis institucional. “Responsabilidad es la capacidad de responder”, recordó Hourest en su sitio en Facebook.

En tanto, Macri siguió obteniendo críticas por parte de dirigentes del Grupo A. A las declaraciones de Elisa Carrió –quien consideró “impecable” el fallo– se sumaron el ex aliado de PRO Ricardo López Murphy, que le exigió a Macri que fuera a la Legislatura, y la líder del GEN, Margarita Stolbizer. “Macri ha defraudado a los porteños. La causa en la que ha sido procesado es sumamente grave, y por eso es necesario que brinde explicaciones en la Legislatura –exigió la diputada–. El jefe de Gobierno debe hacerse cargo por la causa en la que se lo investiga.”