La decisión del Grupo Clarín de enfrentar al gobierno nacional en todos los terrenos es de más fácil comprensión para los accionistas argentinos que para sus socios e inversionistas extranjeros, porque su lógica no puede rastrearse en los manuales de management. La biografía autorizada de Magnetto, El hombre de Clarín, repasa la serie de conflictos mantenidos con sucesivos gobiernos, que siempre culminaron con el crecimiento del Grupo como factor de poder. Ese modo de relación con el Estado le permitió capturar el negocio de los avisos clasificados cuando gobernaba Juan Perón; renovar sus rotativas durante la dictadura de Pedro Aramburu y fabricar su propio papel con la dictadura de Jorge Videla, en ambos casos con generosos créditos estatales; controlar radio Mitre, Canal 13 y Multicanal bajo el menemismo; licuar sus deudas, eludir la quiebra y salvar su mayoría accionaria gracias a una ley ofrendada por el senador Eduardo Duhalde durante su breve interinato presidencial, y fusionar sus operaciones de cable durante el gobierno de Néstor Kirchner. Esta línea siempre ascendente se quebró cuando el actual gobierno no quiso favorecer el control de Telecom por parte del Grupo Clarín. Uno de los socios internacionales ha permitido que trascendiera su inquietud por esa estrategia de todo o nada, de consecuencias inciertas, como se mide en la caída de ventas del diario, de visitas a sus páginas electrónicas y de pérdida de negocios, como el fútbol o Fibertel. Ese socio preocupado es el mexicano con pasaporte británico David Martínez, el accionista principal de Fintech Advisory Inc., una sociedad offshore constituida en el estado norteamericano de Delaware, que al final de un juego de espejos controla el 100 por ciento de Fintech Media LLC (también de Delaware), que a su vez posee el 40 por ciento del paquete accionario de Cablevisión. El Grupo Clarín controla el 60 por ciento restante. Martínez y su asociado Julio Herrera también son titulares de la totalidad de las acciones preferidas A y B (32,22 por ciento) de Nortel, la sociedad que controla Telecom Argentina. El 67,78 por ciento restante está en manos de Sofora Telecomunicaciones, donde Telecom Italia comparte asientos con el Grupo Werthein. Martínez y Herrera no están felices con el manejo del Grupo Clarín en Cablevisión, que condujo a la caducidad de la licencia de Fibertel. Hace dos años, cuando realizó la oferta pública de cincuenta millones de acciones ordinarias de Clase B en la Bolsa de Londres, el Grupo Clarín informó a la Comisión Nacional de Valores acerca de los factores de riesgo que los potenciales inversores debían conocer. Entre ellos reconoció que no podía asegurar que mantendría “las licencias de telecomunicaciones de ciertas subsidiarias”, ya que el cambio de control de Cablevisión y Fibertel “no fue aprobado por la Secretaría de Comunicaciones antes de la transferencia accionaria”, como exige el Reglamento de Licencias. “La falta de esa aprobación podría resultar en la revocación de las licencias” y en la inhabilitación para ser titular de una licencia de telecomunicaciones por un plazo de cinco años. “No se puede garantizar que la Secretaría de Comunicaciones aprobará dichos cambios de control o que las licencias de telecomunicaciones de Cablevisión o Fibertel no serán revocadas”, admitió. Este informe, certifica que la revocación de la licencia de Fibertel es legal, pero nada dice sobre su oportunidad y conveniencia. Las principales plumas del Grupo sostuvieron en sus columnas de Clarín y La Nación que se trataba de un error no forzado que el gobierno pagaría en las urnas. La Secretaría de Comunicaciones procura que esas expresiones de deseos no se materialicen: un experto en informática y telecomunicaciones está trabajando en las soluciones técnicas y administrativas para que los proveedores que reciban a los clientes de Fibertel les presten el mismo servicio a menor precio y sin que pierdan su dirección de correo electrónico.