Una alianza entre la UCR y el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que integran letrados de empresas transnacionales que litigan contra el Estado argentino en el CIADI y por ex funcionarios y adherentes a la dictadura militar, se impuso en la elección para designar un consejero de la magistratura. El candidato triunfante es el abogado Alejandro Fargosi, a quien acompaña Juan Pablo Zanetta como suplente, ambos radicales. Fargosi fue director y abogado externo de Aerolíneas Argentinas y Austral, cuando su padre Horacio Fargosi las presidió, durante la gestión de la empresa española Marsans. Esos fueron los años en que la línea de bandera se descapitalizó y fue licuada la participación accionaria del Estado, que cedió el poder de veto para la reducción de servicios, y la de los trabajadores. Fargosi padre es el actual vicepresidente de la Bolsa de Comercio. En 2006, los sindicatos de pilotos y técnicos aeronáuticos advirtieron que fue corresponsable de “la ominosa administración de nuestra aerolínea de bandera que culminó con su vaciamiento y presentación en concurso de acreedores en Junio de 2001 por parte de la sociedad estatal española SEPI, entidad que designó precisamente al estudio jurídico Fargosi & Asociados, como patrocinante legal de Aerolíneas Argentinas en dicho concurso”. En vez de saldar deudas de Aerolíneas Argentinas, Marsans usó 300 millones de dólares que la SEPI le había entregado para comprar esa deuda, con lo que se convirtió en el principal acreedor de Aerolíneas Argentinas, pudo aprobar de manera fraudulenta su propuesta de salida concursal y se quedó con 114 millones de dólares en créditos de Aerolíneas Argentinas que en forma ilegal e ilegítima se subrogó, dijeron los sindicalistas. Fargosi también firmó los balances falsos de 2002, 2003 y 2004, en los que aparecen pasivos inexistentes por aquellos 114 millones de dólares. Tampoco se cumplió el plan de inversiones que Marsans presentó a la SEPI como condición para acceder al control de Aerolíneas Argentinas y Austral y que incluía la incorporación de 23 aviones. Al mismo tiempo se transfirieron activos, rutas, mercados y pasajeros de la línea aérea argentina a otras empresas del Grupo Marsans. Un desvío de fondos públicos por 700 millones de dólares es investigado en la Argentina por el Juzgado Nacional Comercial N° 15, y en España por el Tribunal de Cuentas.

Dentro de diez días también irán a las urnas los jueces federales y nacionales. El principal candidato es el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, el hombre que durante la presidencia de Raúl Alfonsín operó desde la secretaría de Justicia para frenar los juicios por violaciones a los derechos humanos. Su probable victoria consolidaría el control radical del Consejo.