La obsesión del alcaide mayor Casal por el encarcelamiento, como respuesta indiscriminada ante todo tipo de conductas en conflicto con la ley, produce el efecto paradojal de incrementar la inseguridad y la violencia. La fuga de once detenidos de la comisaría de Glew en la última semana de diciembre es una de las consecuencias del insistente alojamiento de personas privadas de su libertad en instalaciones concebidas para otros fines. A pesar del fallo de 2005 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que intimó al gobierno provincial a trasladar a esas personas a unidades penitenciarias, casi 4.000 de ellas siguen en esas condiciones precarias. Esto no sólo viola sus derechos esenciales. También da lugar a un infame comercio. La defensora oficial de San Isidro María Dolores Gómez denunció que las personas privadas de su libertad en la comisaría de Villa Adelina se quejaron por el servicio de catering contratado por el ministerio con el proveedor Fernando Enrique Aguirre, cuyos precios eran el doble y a veces el triple al de plaza. Por ejemplo, cuando un rollo de papel higiénico de primera calidad costaba 75 centavos en un supermercado, los detenidos en la comisaría octava de San Isidro debían pagar por el que compraban un peso cincuenta. Un shampoo marcado a 3,50, les costaba 12,50 pesos, lo mismo que debían pagar por un pollo trozado de 5,99. También deben comer con las manos ya que por alegadas razones de seguridad no se les entregan cubiertos y los alimentos se echan a perder por falta de refrigeración para conservarlos. La denuncia fue desestimada por el fiscal general, luego de escuchar al proveedor Aguirre y al capitán policial Jorge Eugenio Palacios: ambos dijeron que los detenidos no se quejaban, que los alimentos eran muy buenos y sus precios los normales más un pequeño plus por el delivery a la comisaría. La cantidad de personal policial encargado de vigilar a esas personas, que se sustrae a las tareas de seguridad, supera al aporte de 6.000 gendarmes que acaba de hacer la Nación.