Envuelto en la bandera argentina, el camarista federal de Bahía Blanca Augusto Enrique Fernández exhibió un cartel casero muy al tono en la marcha del jueves 8. Fernández se jubiló en abril, con un haber mensual de 45.000 pesos, pero antes excarceló a 36 represores procesados por crímenes de lesa humanidad. Culminó así una carrera iniciada en 1990, cuando su designación para disciplinar a la única Cámara del país que había declarado la inconstitucionalidad de la ley de obediencia debida fue impulsada por el entonces vicepresidente Eduardo Duhalde, padrino de su casamiento y de uno de sus hijos. Como secretaria, designó a Stella Maris Suppicich Speroni de Ramos, hija de uno de los máximos jefes de la ESMA. Ese año apartó al fiscal Hugo Cañón de las causas contra media docena de oficiales de la Armada y aceptó en su reemplazo al fiscal designado ad hoc por el gobierno, Norberto Quintín, quien apoyó la constitucionalidad del indulto presidencial. La jubilación de Fernández se produjo cuando el consejo de la magistratura lo convocó en un expediente por persecución a empleados, por denuncia del Sindicato de Judiciales.