En su discurso del miércoles, Lorenzetti colocó a los derechos humanos en el centro del “gran modelo constitucional propio” que postula. En ceremonias anteriores y en un libro había dicho que los juicios por crímenes de lesa humanidad forman parte del contrato social de los argentinos. Eso le valió la inquina de amigos y familiares de los militares detenidos, que por las redes sociales convocaron a hostigarlo. Pero no alcanzaron quórum y Lorenzetti pudo agradecer la ovación de sus bases, sin dejar el estrado por un largo rato. Ese fracaso de los alborotadores da razón al magistrado cuando dice que estos juicios forman parte de un consenso que “nadie puede ya impedir”. No es un logro menor, porque el repudio colectivo a esa barbarie es la piedra fundamental de un sistema en el que el respeto a la vida, a la integridad física y a la libertad sean la medida para la protección de los demás derechos y valores. Hasta el 31 de diciembre de 2012 se pronunciaron por esos crímenes 354 condenas y 35 absoluciones. Esta proporción demuestra la legalidad de los procesos, de modo que nadie sea condenado sin pruebas. Este modelo argentino de Justicia de transición se opone con éxito al sudafricano, que canjeó impunidad por información. Pero de esas 354 condenas sólo 14 están firmes, una porque el condenado no apeló y 13 porque el fallo fue confirmado por la Corte Suprema. En cambio, las restantes 340 condenas están pendientes de confirmación, 111 de la Corte Suprema y 229 de alguna Cámara Federal. En 2012 la renovada Cámara de Casación, donde fueron designados cuatro nuevos jueces, confirmó 19 sentencias, más de las que había tratado durante la gestión de Bisordi y demás esperpentos. En cambio la Corte sigue siendo el embudo donde se atascan los reclamos de Justicia. En 2012 sólo confirmó dos sentencias, llegando así a un parvo total de nueve, con una demora promedio de dos años y medio desde la finalización del debate, que se duplica si se cuenta desde el comienzo de la instrucción. Por esta dejadez numerosos sentenciados mueren antes de la finalización del proceso, inocentes para la ley, impunes para la sociedad. La Corte ni siquiera tiene cómo controlar el estado de las causas, a las que sólo puede acceder por el número que ella misma les asigna al recibirlas. Entre las condenas no confirmadas están las de Santiago Omar Riveros (89 años), Jorge Rafael Videla, Ramón Díaz Bessone y Jorge Olivera Róvere (87), Juan Manuel Bayón (86), Luciano Benjamín Menéndez y Benito Bignone (85), así como las pronunciadas por las masacres de Margarita Belén y de Palomitas, los crímenes cometidos en la Quinta de Funes, el circuito policial Atlético-Banco-Olimpo, el feudo de la SIDE denominado Automotores Orletti, Campo de Mayo, la cárcel y las comisarías de La Plata, la jefatura de policía de Santa Fe, la base aeronaval de Trelew, La Escuelita de Neuquén y la base aérea de Palomar. También están muriendo por su avanzada edad muchas de las víctimas y sus familiares, degradación adicional a las que ya les impuso el Estado. No es mucho pedir que, entre viajes y ceremonias, la Corte Suprema se haga tiempo para cumplir con su parte en el Contrato Social de los Argentinos.