El 25 de marzo, el Banco Central tuvo la luminosa iniciativa de reunir en un solo acto el homenaje a las víctimas de la dictadura cívico-militar iniciada en 1976 con el recuerdo de la nacionalización del banco el 25 de marzo de 1946, un mes después de la primera elección presidencial de Juan D. Perón. En la misma ceremonia, el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, desclasificó las actas secretas que muestran la complicidad de la institución, cuyo directorio había sido colonizado por el sistema financiero, en temas sensibles para la Junta Militar, como el endeudamiento externo y la financiación de la venta de armas a otras dictaduras latinoamericanas. La idea fue feliz, porque uno de los actos fundamentales de esa dictadura fue la desnacionalización del Banco Central, que comenzó a revertirse con la reestatización del sistema previsional en 2009 y la reforma de la Carta Orgánica del Banco en 2012, que permitieron una activa regulación estatal. Los objetivos del golpe de 1976 fueron los mismos que guiaron al de 1955, pero durante las dos décadas intermedias la resistencia popular impidió que fueran alcanzados y dos coaliciones sociales opuestas se enfrentaron con avances y retrocesos. Ante esa imposibilidad de desarticular las bases económico-sociales afianzadas durante el primer peronismo, en 1976 se descargó sobre la sociedad una violencia sin límites ni precedentes. Los organismos defensores de los derechos humanos consiguieron anular las leyes y decretos de impunidad que impedían castigar a los autores materiales de los crímenes de lesa humanidad cometidos entonces (en 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, ya había cerca de un centenar de militares, marinos y policías detenidos). El decidido respaldo político de Kirchner permitió que la Corte Suprema de Justicia confirmara en 2005 esa nulidad dictada en 2001 y que los procesos se extendieran por todo el país.

Ya en el juicio a las Juntas de 1985 se analizaron varios casos de complicidad empresarial y eclesiástica con los crímenes de los militares, pero por entonces no era posible juzgar a los responsables. En los últimos años se iniciaron varios procesos contra los instigadores y beneficiarios del golpe de 1976. Pero el superministro de Economía José A. Martínez de Hoz murió antes de la condena, en arresto domiciliario y en las últimas semanas distintos tribunales han puesto un freno a los expedientes contra el empresario azucarero Carlos Pedro Blaquier, el propietario del diario La Nueva Provincia, Vicente Gonzalo Massot, y los directivos de Papel Prensa Ernestina Herrera, Bartolomé Mitre y Héctor H. Magnetto. Esas decisiones son representativas del oportunismo judicial, acentuado ante la apertura del año electoral. Mientras las Fuerzas Armadas han abandonado la escena política y el enjuiciamiento a sus integrantes de entonces sólo conmueve a sus familiares y amigos, las empresas, la justicia y la Iglesia Católica aún condicionan y jaquean a las autoridades consagradas por el voto popular. Ese poder permanente desearía aleccionar a quien suceda a Cristina, como parte activa de su educación presidencial. Por eso, el avance de los juicios a integrantes de ese poder permanente no es cuestión del pasado, sino del presente, para construir un futuro de la democracia argentina libre de tutelas y chantajes.