Domingo, 7 de junio de 2015 | Hoy
Por Horacio Verbitsky
Un cartel de la campaña de Mariano Recalde por la jefatura de gobierno porteño irritó a los medios del Grupo Clarín y sus satélites. Su texto decía “Convicciones. Rechazó una coima millonaria y terminó con los tickets canasta”. El diario ironizó que el candidato kirchnerista hacía campaña “con un caso de coimas que reveló Clarín”, y los foros de comentaristas se burlaron de él y del gobierno kirchnerista en forma soez. Si el significado de revelar sigue siendo “descubrir o manifestar lo ignorado o secreto”, Clarín no reveló nada, ya que sólo reprodujo la noticia comunicada a todos los medios en conferencia de prensa desde el Congreso por Mariano y su padre, Héctor Recalde, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. Esa verdadera revelación fue que la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimentarios (Cevas) había ofrecido un soborno de veinte millones de dólares para que Recalde desistiera de un proyecto de ley que suprimía ese régimen, implantado en 1989 por decreto de Carlos Menem y su ministro de Trabajo Jorge Triaca, por el que una parte significativa del sueldo no se pagaba en efectivo sino con vales canjeables por alimentos, como forma solapada de bajar el costo laboral. “Este sistema no es más que un pago en negro de salario y desfinancia la seguridad social”, había fundamentado Recalde. Según cálculos de la AFIP, 14.000 empresas pagaban con vales 4.000 millones de pesos anuales a 1,2 millones de trabajadores. Entre 1989 y 2008 por ese artilugio 10.000 millones de pesos transmigraron de los trabajadores y la Seguridad Social a las empresas emisoras. Los empresarios del sector Miguel Gutiérrez Guido Spano y Santiago Lynch pretendían que el régimen se mantuviera igual o con pocos cambios o que se extendiera al amplio universo de los trabajadores que cobraran menos de 2000 pesos mensuales. Recalde comunicó la propuesta indecente al presidente Néstor Kirchner, el presidente de la Cámara de Diputados Alberto Balestrini, el jefe de su bloque Agustín Rossi y la denunció en el juzgado federal número 9 de la Capital Federal. Así se dispuso seguir el juego a los empresarios. Recalde delegó las negociaciones en Mariano, quien grabó la proposición con una cámara oculta a lo largo de tres encuentros, en su estudio y en un café. Así se probó que pusieron ante él un menú de alternativas, cada una con su tarifa: que Héctor Recalde cajoneara su proyecto, que le introdujera algunos retoques cosméticos, o que universalizara el sistema. Por esta última prometieron pagar 20 millones de dólares al contado: 10 por ciento contra la presentación del proyecto; 10 por ciento por el dictamen; 20 por ciento cuando Diputados le diera media sanción, otro tanto por la aprobación del Senado y el 40 por ciento restante a la promulgación de la ley. La oferta fue rechazada, se dictaron órdenes de captura contra los empresarios y el Congreso sancionó como ley 26.341 el proyecto original de Recalde, por el que la parte que se pagaba en vales se incorporó en forma plena al salario, en pesos, con carácter remunerativo y efectos previsionales. El juez Octavio Aráoz de Lamadrid procesó ese mismo año a Guido Spano y Lynch. Ambos se acogieron al regimen de probation, que fue revocado cuando Lynch se fugó. La semana pasada Interpol emitió una alerta roja pidiendo su captura internacional para ser extraditado a la Argentina y juzgado por un tribunal oral.
¿Cuánto hubieran perdido los trabajadores y el sistema de seguridad social si Mariano Recalde hubiera aceptado los veinte millones de dólares ofrecidos y la ley que suprimió los tickets canasta no se hubiera sancionado? En el libro “Crónica de una ley no negociada”, de 2008, los Recalde calcularon que la salarización de los vales representó en el primer año un crecimiento de ingresos para la Seguridad Social de 1.328 millones de pesos. En los siete años completos transcurridos desde la sanción de la ley y actualizando los valores con la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), la recuperación de ingresos de los trabajadores y la seguridad social ascendió a no menos de 24.769 millones de pesos. En realidad el beneficio fue aún mayor. El valor promedio de los vales que recibía cada trabajador era de 277 pesos. Si a esta cifra se suman el 17 por ciento de los aportes que pagarían los trabajadores y el aguinaldo el valor promedio de los vales pasaría a ser de 362 pesos y el total de los ingresos que los trabajadores y la seguridad social dejaron de perder entre 2008 y 2014 fue de 34.632 millones de pesos. Mientras Macrì defiende el pago al contado de la suma ridícula que el juez Griesa asignó a los fondos buitres, y el candidato radical a la vicepresidencia que lo enfrentará en las PASO sindica a los altos salarios como el problema histórico y principal de la historia argentina, los candidatos del FpV recuperaron en estos años para los trabajadores y el Estado entre 24.769 y 34.632 millones de pesos. No se entiende por qué los cruzados políticos y mediáticos contra la corrupción no lo aprovecharon para ejemplificar las ventajas de la decencia para las instituciones y la sociedad. ¿O sí?
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