La visita presidencial al museo de sitio de la EXMA disipa el temor que algunos tenían de que el nuevo gobierno intentara poner fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad y ratifica el compromiso de continuarlos que Macrì ya firmó en 2010 ante un requerimiento del CELS. Los dos gobiernos anteriores fueron acusados de utilizar a los organismos defensores de los derechos humanos. Bienvenido sea que otra fuerza política haga lo mismo. Durante la apurada recorrida, el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj desplazó en forma ostensible al ministro de Justicia, Germán Garavano, y condujo la visita. Macrì estuvo muy serio y habló muy poco. Sólo formuló una pregunta sobre el proyecto político de Massera, cuando pasó por el lugar en el que los detenidos-desaparecidos eran obligados a trabajar para él, y otra en el sótano sobre la cantidad de sobrevivientes. Muy locuaz estuvo el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (h), quien repitió que su padre estuvo secuestrado en Campo de Mayo y que él es querellante en la causa ante los tribunales de San Martín. Macrì quiso conocer el lugar porque es probable que deba recibir allí al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien eligió el 24 de marzo para culminar su visita oficial a la Argentina. La idea que desde ambos gobiernos se insinúa es un homenaje genérico a las víctimas de la dictadura pero encastrado en una agenda global que no es la nuestra: denuncia de los variables ejes del mal, lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Al cumplirse 40 años de un golpe que usó el terror para imponer un proyecto económico cuyos instigadores y beneficiarios aún deben responder por su responsabilidad, sólo la movilización colectiva podrá disputar la resignificación que se intenta y recordar que la agenda pendiente pasa también por la reivindicación de los derechos humanos en los barrios y las cárceles donde se estigmatiza, humilla y asesina a los varones jóvenes de las clases populares, y en las calles en las que se reprime y criminaliza el reclamo contra la inflación, el desempleo en ciernes, la pobreza creciente y la privación ilegítima de la libertad de dirigentes sociales.