La Suprema Corte de Justicia bonaerense inició una investigación contra los integrantes del Tribunal Oral Criminal 4 de Morón, encargado de juzgar al sacerdote Julio Grassi por abuso de menores, por la presunta comisión de irregularidades durante el proceso judicial con actitudes y actuaciones que habrían beneficiado al sacerdote. La Oficina de Control judicial recogió testimonios que confirman que el Tribunal impidió la presencia del abogado querellante Juan Pablo Gallego en la “audiencia pública” preparatoria para el juicio oral, realizada en febrero último. Allí, a propuesta de la defensa de Grassi y con el aval de los fiscales y el Tribunal, se desecharon testigos clave que fueron determinantes durante el proceso de instrucción que terminó con el procesamiento y el envío a juicio oral del mentor de la Fundación Felices los Niños.

Como adelantó Página/12 el 18 de mayo último, los empleados del Tribunal y su propio secretario, Alejandro Daniel Fernández, admitieron ante los investigadores de la Oficina de Control “que hubo orden expresa del presidente del Tribunal, Pedro Rodríguez, para que se impidiera la entrada de Gallego”. La audiencia preparatoria, que es pública y de libre acceso, estaba citada para las nueve de la mañana, pero Grassi junto a varios de sus abogados ingresaron al edificio a las ocho y comenzaron la reunión antes de lo previsto –el acta especifica “8 y 55”– mientras se impedía el ingreso del abogado querellante.

La Corte también investiga la participación del secretario del Tribunal (Fernández) y del fiscal Pablo Galarza –quien ya fue apartado de la causa por la Fiscalía General–, que habrían inducido a Gabriel –uno de los menores denunciantes– a desistir de su condición de particular damnificado, que no sólo lo inhabilita para luego ejercer otros derechos sino que lo deja indefenso y sin abogado durante el juicio oral, del que será pieza clave.

Estas son sólo parte de las irregularidades que ordenó investigar la Corte de Justicia provincial. Las sucesivas denuncias que se plantearon en la última etapa del proceso dejaron dudas a la Corte sobre la imparcialidad del Tribunal. Lo cierto es que si el juicio comenzaría hoy, la acusación sólo estaría a cargo de la fiscalía –sospechada de haber declinado de pruebas fundamentales, con lo que habrían favorecido al sacerdote–, mientras que Grassi cuenta con una poderosa defensa que encabezan los estudios de los cotizados abogados penalistas Jorge Sandro (defensor del jefe de seguridad de Alfredo Yabrán, Gregorio Ríos, en el juicio contra los asesinos de José Luis Cabezas), Julio Virgolini y Adrián Maloney.

La audiencia preparatoria del 2 de febrero pasado le quitó al juicio oral parte de los testimonios más importantes y de elementos que formaron parte de la instrucción judicial. Entre ellos, la causa que provocó un pedido de Jury de enjuiciamiento para dos jueces de menores de Morón, Ricardo Oyama y Clementina Landolfi, por intentar dar vuelta el testimonio de uno de los menores que denunciaron al sacerdote. Una causa que llevó incluso al mediático abogado Miguel Angel Pierri a la cárcel por haber participado de la maniobra, representando a las partes enfrentadas: el cura, por un lado, y a la madre del menor, que lo había abandonado a su suerte, por otro.

La otra prueba es el expediente completo de la causa iniciada también contra Grassi por abusos de menores en El Calafate, provincia de Santa Cruz. Un expediente que, lejos del seguimiento de su poderosa defensa, habría avanzado a pasos más agigantados y más comprometedores para Grassi. Pero que el sacerdote se encarga de ocultar bajo siete llaves.