El Protocolo de la Convención contra la Discriminación de las Mujeres (Cedaw, por su sigla en inglés) es un instrumento sancionado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1979 que busca garantizar la igualdad de género en todo el mundo. El Estado nacional aprobó la convención, a partir de la reforma constitucional de 1994, pero dilató la aprobación del protocolo facultativo. De esta forma, la Argentina figuró en el ranking como el único país del Mercosur y de América latina en deuda en la lucha contra la desigualdad y la eliminación de todas las formas de maltrato contra las mujeres.

Durante los dos gobiernos que precedieron a la época menemista no hubo avances, pese al reclamo mancomunado de las organizaciones sociales. Tanto el gobierno de la Alianza como la gestión de Eduardo Duhalde pidieron al Congreso de la Nación la aprobación de este instrumento internacional. Sin embargo, las presiones ejercidas por la Iglesia Católica frustraron cada uno de estos intentos. Duhalde finalmente retiró la iniciativa.

Desde la cúpula eclesiástica mantienen la tesitura de que su aprobación “abre las puertas a la despenalización del aborto”. Esta postura viene siendo sostenida por representantes de organizaciones católicas, que pedían a los legisladores no aprobar un tratado que supuestamente va “contra del derecho a la vida”.

El actual gobierno, encabezado por Néstor Kirchner, remarcó públicamente y en más de una oportunidad la necesidad de sancionar este protocolo, aunque su tratamiento resultó demorado al no conseguir el oficialismo los votos necesarios para su aprobación.