Durante uno de los allanamientos a la cárcel de Marcos Paz, dentro de la morosa investigación por el secuestro de Jorge Julio López, el juez federal de La Plata Arnaldo Corazza secuestró la agenda del ex director de operaciones de la policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, principal colaborador del ex jefe de la policía general Ramón Camps. En una de sus páginas hay un dibujo notable. Un demonio con cola y tridente obliga a una persona maniatada y vendada a caminar por un estrecho sendero, que termina en una trampa. Al llegar ahí, la persona cae a un foso. Junto al diablo hay un retrato de Adolf Hitler, y un cartel en el exterior dice: Fabrica de Kipáas. Los vendo con descuento (sic). Entre los teléfonos de la agenda están los de las catedrales de La Plata y de Mar del Plata, los del arzobispo platense Héctor Aguer y los de varios sacerdotes. Fuentes de la investigación sostienen que Aguer se hizo cargo del pago a los defensores del sacerdote Christian Von Wernich, quien es juzgado ahora por el mismo tribunal que ya condenó a Etchecolatz. Luego de muchos meses de bajísimo perfil, Aguer retornó a la escena pública con durísimos pronunciamientos en contra del ministro de Salud, Ginés González García, y su colega bonaerense Claudio Mate, a quienes atribuyó promover una “cultura de la muerte”. Para la comisión episcopal de familia, “cuando quien mata es el gobierno, pierde toda credibilidad y muere la democracia” (sic). GGG respondió que él era ministro de Salud, no de religión, y que el aborto practicado en la provincia de Buenos Aires a una adolescente entrerriana está contemplado en el artículo 86 del Código Penal: “Cada uno tiene derecho a tener su criterio religioso o dogmático, pero si está tipificado en el Código Penal es legal”.

Otras anotaciones de la agenda de Etchecolatz indican que Edgardo Mastandrea, directivo de una organización de comisarios retirados, se encargaba de recaudar apoyo económico para el ex policía durante el juicio. Mastandrea es el principal asesor de seguridad en la provincia de Buenos Aires de la Coalición Cívica Libertadora. Ha recorrido la provincia en compañía de dirigentes de la Agrupación de Republicanos Indignados (ARI) y se ha entrevistado con la candidata a la gobernación, Margarita Stolbizer. La semana pasada fue indagado por el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, quien en las próximas horas deberá decidir si lo procesa por su participación en torturas a detenidos en la comisaría de Junín, en 1977. Esta semana se informó que la fórmula integrada por la ex radical Elisa Carrió y el ¿socialista? Rubén Giustiniani encomendó esas mismas funciones en el plano nacional al ex Secretario de Seguridad Interior Norberto Quantin. Miembro de un grupo integrista que sólo criticaba que la represión dictatorial no fuera más abarcadora, Quantin argumentó como fiscal en favor de la impunidad para los crímenes de la guerra sucia, con citas que revelan su formación en el pensamiento contrarrevolucionario del falangismo español y la Cité Catholique francesa. En 1990, aceptó desplazar al fiscal bahiense Hugo Cañón, actual copresidente de la Comisión Bonaerense por la Memoria, y se pronunció en favor de la constitucionalidad de los indultos dictados por el ex presidente Carlos Menem. Funcionarios judiciales que trabajaron con él cuentan que Quantin alaba la ubicación de un despacho en el antiguo edificio de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la calle Viamonte al 1100 porque dice que desde ahí se puede escupir sobre los fondos de la sinagoga de la calle Libertad, la del rabino Sergio Bergman, partidario entusiasta de la CCL. En 2004, Quantin debió alejarse de su cargo, por resistir la orden del presidente Kirchner de que las fuerzas policiales asignadas al control de manifestaciones de protesta no portaran armas de fuego. Con él debieron irse por la misma razón el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, y el jefe de la Policía Federal, Eduardo Prados. Beliz comparó los dos ambientes en que vive Quantin con las residencias fastuosas que algunos de sus impugnadores no pueden justificar con sus sueldos judiciales. El mismo argumento emplea ahora Elisa Carrió para justificar su reclutamiento. Protector de los procesados comisarios Carlos Sablich y Jorge Palacios, Quantin formó en la Secretaría de Seguridad un equipo coherente en sus definiciones ideológicas. Como secretario del Consejo Federal de Seguridad, designó a Ignacio Rodríguez Varela (hijo del fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires y luego ministro de Justicia de la dictadura, Alberto Rodríguez Varela, uno de los funcionarios a quienes Camps agradeció su colaboración en la causa en la que fue secuestrado y torturado el editor periodístico Jacobo Timerman). Durante la gestión de Quantin y de Rodríguez Varela (h) la principal ocupación del Consejo de Seguridad Interior fue organizar procedimientos contra clínicas en las que se practicaban abortos. Dios los cría y ellos se encargan del resto.