El escándalo de la valija sigue causando cruces entre la dirigencia política cada vez que sale a la luz alguna información proveniente de las causas judiciales, tanto en la Argentina como en Estados Unidos. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, salió a desmentir ayer que Guido Antonini Wilson haya pasado por la Casa Rosada dos días después de haber intentado ingresar al país con 800 mil dólares. Así lo declaró Victoria Beresziuk, empleada de Claudio Uberti, el funcionario que viajó con Antonini en el avión contratado por la empresa Enarsa. La Casa de Gobierno “no registra ningún ingreso con ese nombre y apellido”, sentenció Fernández, quien descalificó el testimonio de Beresziuk al afirmar que “ni siquiera dice que lo vio en el salón principal”. En línea con los dichos de la presidenta Cristina Fernández y su esposo Néstor Kirchner, el jefe de Gabinete insistió en responsabilizar a Estados Unidos, que estaría realizando una “formidable acción de inteligencia”.

En contraposición, la diputada de la Coalición Cívica Patricia Bullrich –que viajó especialmente a Estados Unidos por este tema– le reclamó al gobierno nacional que pusiera en marcha “el convenio judicial de colaboración entre la Argentina y Estados Unidos para que en estas causas conexas las pruebas que se realizan en unas sirvan para las pruebas que se realizan en otras”. La dirigente del espacio que lidera Elisa Carrió aseguró que esa cooperación “siempre” se lleva adelante “cuando existe voluntad y no se quieren tapar las cosas”. El ministro Fernández le respondió sin eufemismos: “Es proverbial el desprecio de gente que piensa que así se posiciona mejor, es tan disparatado, tan loco lo que plantea”.

Gerardo Morales, presidente de la UCR, también criticó la postura del Gobierno, que “ha hecho todo lo posible para bajar los decibeles del tema, para evitar que se conozca la verdad y para permitir que Antonini salga tranquilamente del país”. Sin embargo, el senador jujeño consideró que no se trataba de fondos destinados “a la campaña de Cristina”, sino que podrían ser “financiamiento para sectores piqueteros” o dinero dirigido a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, que encabeza Julio De Vido.