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MAXIMILIANO RUSCONI

En el discurso que toma como eje central la criminalización de la tenencia y el consumo de estupefacientes para uso personal, se insiste en dos extremos que a mí me parece que pueden ser contradictorios y por lo menos deberían ser aclarados. Por un lado, uno de los testimonios dice que no podemos despenalizar porque todavía no desarrollamos estrategias suficientes de prevención; y, por otro lado, usted dio cifras acerca del fracaso de la Justicia penal o el proceso penal en el marco de esta criminalización. Hasta ahora pareciera que el Estado no se ocupara del problema, porque no ha trabajado en la prevención, tampoco en la criminalización. Entonces yo no sé cómo se compatibilizan estos dos extremos, cómo se compatibiliza esta idea del abandono del Estado si no criminaliza, o cuando criminalizando ha abandonado también.

DR. JOSE GRANERO

Mire, en la década del ’90, el Estado abandonó en muchos aspectos al pueblo argentino. Generar los niveles de desocupación y de pobreza que se generaron en la década del ‘90 sin duda influyó en que aumenten los factores de riesgo y aumente el consumo de drogas. Y esto es lo que creo que es la cuestión de fondo de su pregunta. El Estado tiene que ser un elemento de contención y de inclusión, precisamente para bajar los factores de riesgo. Como decía el Dr. Damín, la promoción de la salud y la prevención en el tema de las drogas son factores que ayudan a que los chicos al menos tengan la capacidad suficiente y cuando se enfrenten al problema, sepan la responsabilidad que tienen al decir que “sí” y los problemas que les podría provocar decir que “sí” o decir que “no”.

Yo reitero: cualquier ley penal, civil o contravencional, no puede dejar al Estado inerme para brindar un servicio que es constitucional como es el servicio de salud. Y para cualquier modificación que se quiera hacer de la ley, incluso la despenalización de algunas drogas, hay que fijarse que los convenios internacionales que firmó la República Argentina, como bien lo dijo la doctora, están ratificados por leyes del Congreso. Entonces, también hay que analizar las leyes del Congreso que ratifican esos convenios y lo que dicen esos convenios.

Porque hay un tema muy meneado, como lo es el autocultivo; y el autocultivo, precisamente, en la Convención de 1988, en su artículo tercero, es punible y está ratificado por la Ley 24.072 del Congreso de la Nación.