Mauricio Macri volvió a protagonizar ayer el show del bache. Así como en la campaña electoral plasmó en fotos su salto sobre el pavimento averiado, en la víspera organizó una conferencia de prensa en la calle Mariscal Sucre al 1000, en el barrio de Núñez, en una cuadra donde pueden detectarse al menos cuatro perforaciones sobre el asfalto. Allí anunció la aplicación de multas de hasta 150 mil pesos a las empresas de servicios públicos que abren pozos para hacer reparaciones y no solicitan autorización al gobierno de la ciudad, como manda la ley sancionada en diciembre último y que entró en vigencia días atrás. Las empresas más sancionadas fueron AySA y Metrogas.

La información oficial dice que el cuerpo de inspectores que empezó a trabajar la semana pasada detectó la existencia de 30 baches, obra de las empresas de servicios públicos –o de sus contratistas–, realizadas sin cumplir con la normativa. No se difundió una estadística precisa sobre cuáles eran las empresas infractoras: sólo se aclaró que el grueso de las sanciones recaía sobre AySA y Metrogas, pero que también había sanciones para Edesur y Edenor.

Ante una consulta de este diario, en Metrogas dijeron que no habían “recibido ninguna notificación” y, por lo tanto, no tenían “ningún comentario para hacer”. Idéntica respuesta dieron desde la distribuidora de agua potabilizada.

Macri hizo el anuncio acompañado por su ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, y el subsecretario de Espacio Público, Carlos Tramutola. Junto con las penalidades, el mandatario comunal informó que su gestión apuntará a que, “antes del tercer año, no haya baches en la ciudad”, en base a la aplicación de un programa trienal, con un presupuesto de unos 500 millones de pesos.

Tramutola aclaró que las sanciones se aplicarán ante “el incumplimiento comprobado de que no informaron al gobierno las obras ni antes de hacerlas, ni 48 horas después de realizadas, como lo establece la norma”.

“Queremos que haya un compromiso con el espacio público, que en definitiva es tener respeto por los vecinos porteños”, afirmó el jefe de Gobierno.

La nueva legislación que las empresas transgredieron establece que las firmas “deberán solicitar autorización al gobierno de laciudad toda vez que necesiten romper pavimento o vereda”, debido a que “luego la administración porteña cerrará las aberturas con cargo a esas empresas”.

“El objetivo es que las reparaciones no sean hechas así nomás, sino que se utilicen materiales adecuados”, precisó el jefe de Gobierno. Tras destacar que las empresas de servicios públicos son responsables del 90 por ciento de los baches, Macri recordó que “antes, estas multas no llegaban a los 300 pesos y a las empresas no les importaba si se las multaba o no”.