El ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, anunció estar pronto y decidido a enviar un proyecto de modificación de la ley penal para reducir la edad de imputabilidad por debajo de los 16 años. El proyecto, anuncio mediante del gobernador Daniel Scioli, como ya se dijo será enviado también al Congreso nacional porque Scioli es de la idea de que el tema merece tratamiento nacional. Casal, quizá por algún prurito, aclaró que la baja de imputabilidad propuesta es “sólo para delitos graves”, esto es homicidios, violaciones, secuestros. La polémica por el anuncio no bajó los decibeles. Jueces, fiscales y legisladores salieron a cuestionar el reclamo manodurista bonaerense. La diputada nacional Diana Conti (FpV) consideró que “bajar la edad no resuelve nada y, además, es mentira que si un chico en la Argentina mata a alguien no vaya preso”. Las imágenes de la TV con el caso Barrenechea le dan la razón: el chico de 15 supuestamente implicado en el crimen del ingeniero era detenido, esposado y encapuchado delante de las cámaras antes de ser ingresado al patrullero, pese a que luego se insistió en que no era el autor.

“Frente a un caso de extremo dolor como el de San Isidro, lamentamos que lo único que se les ocurra es bajar la edad de imputabilidad”, advirtió el jefe del radicalismo y senador de la UCR, Gerardo Morales.

Entretanto, en San Isidro, un grupo de vecinos marchó para presionar frente a los Tribunales con pancartas del tipo “Queremos Justicia y Seguridad”, “Todavía creemos en un país mejor, pero no somos ingenuos”, “Hagan algo”, “Por una verdadera Justicia y Seguridad”.

Vecinos de Lomas del Mirador, donde ayer ocurrió otro asalto violento aunque sin heridos (ver aparte), convocaron a una marcha a Plaza de Mayo para el martes 28, a las 17, para reclamar por más seguridad.

Por su parte, desde Medellín, Colombia, Scioli insistió con el tema de debatir la modificación de las normas penales, para los menores de entre 14 y 16. “Me alegra, con los sondeos que hemos realizado, la buena predisposición del oficialismo y de otros bloques de la oposición” para discutir el tema “como una política de Estado”.

A su vez, la oposición bonaerense impulsó una interpelación al ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, para que detalle cuántos delitos se cometieron en los últimos tiempos, qué áreas fueron las más sensibles y cuántos fueron los menores involucrados en estos casos.

Desde Colombia también, Stornelli aclaró que el caso de San Isidro “fue un caso excepcional”, aunque no quedó claro, ya que para explicarse mejor aseguró que “San Isidro tiene una presencia mediática que tal vez no tiene Florencio Varela o Lomas de Zamora, donde ocurren hechos similares”.

Junto a él, también en Medellín, el jefe de la Bonaerense, Daniel Salcedo, tiró una bomba intentando calmar las olas políticas cuando aseguró que “se registran al menos un millón de delitos cometidos por menores de edad por año en la provincia de Buenos Aires”. Ni Salcedo, ni su jefe Stornelli, ni el jefe de ambos, Scioli aclararon a qué delitos se refería, como tampoco qué quiere decir la cifra con relación a la delictividad de los adultos.

En Diputados de la Nación hay catorce proyectos, cual más cual menos, todos similares al planteado por el especialista Emilio García Méndez, quien propone subir la edad de imputabilidad de 16 años como está establecido hoy, a 18 y que en dos franjas de 14 a 15 y de 16 a 17 se mantenga un régimen de responsabilidad penal juvenil, “en el que para delitos graves como acceso carnal violento, secuestro extorsivo, robo con violencia y homicidio doloso, se establece penas de un máximo de 3 años para la primera franja y de 5 para la segunda”. El proyecto, además, sostiene que para el 80 por ciento de los delitos de los jóvenes (vandalismo, hurto, robo sin armas, destrucción de la propiedad) se sancione con servicios a la comunidad. Prácticamente todos los bloques tienen un proyecto semejante. Pero desde el Ejecutivo no se enviaron proyectos a debatir. Y en ninguna de las Cámaras prosperó ninguno de los proyectos.

“Será porque no se cree que la solución pase por bajar la edad de imputabilidad”, señaló la diputada Diana Conti. “Yo incorporaría garantías al proceso penal juvenil, pero no bajaría la edad. Ya está demostrado que incorporar más jóvenes al sistema penal no soluciona el delito. Si se baja la edad, vamos a terminar condenando a chicos de 11 años.”

La fiscal de instrucción Cristina Caamaño sostuvo que bajar la edad de imputabilidad “es lo que la gente quiere escuchar, pero es una medida para salir de una coyuntura, aunque no una solución”. El vicepresidente de la Red de Jueces Penales bonaerenses, Pedro Rodríguez, sostuvo que “las salidas de este tipo que buscan una ampliación del universo represivo no son salidas que puedan dar resultados en cuanto a bajar la criminalidad”.

Entre los fundamentos mencionados por Scioli y luego por Casal para impulsar la baja de la imputabilidad figura la mirada a vuelo de pájaro sobre Latinoamérica. “Hay que abrir la brecha de 14 a 16 años, como lo hicieron Brasil y Chile, que han dado pasos muy importantes” en el tema. En el informe “Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nacional con colaboración de Unicef, hacia el final, un cuadro indica el rango de manodurismo del país: Brasil bajó la edad hasta los 12 años y Chile tiene dos franjas de 14 a 15 y de 16 a 18. La Argentina es el único país que mantiene la reclusión perpetua.