Desde México DF

Ocho meses de resistencia política, técnica y moral terminaron ayer, luego de que el Senado de la república aprobara los dictámenes de siete leyes que se traducirán en una reforma energética negociada por los legisladores de todos los partidos políticos, en la que fueron desechadas las pretensiones de la administración de Felipe Calderón quien, desde febrero pasado, pretendía abrir Petróleos Mexicanos a la inversión privada nacional y extranjera.

En uno de los episodios políticos recientes más complejos, resulta difícil determinar qué grupo ganó, pues todos debieron ceder para consensuar una reforma que, al decir de los grupos parlamentarios, satisface a todos los partidos. Pero a quien no satisfizo fue a Andrés Manuel López Obrador, que ayer intentó sin éxito impedir la sesión legislativa mediante la movilización de sus seguidores que bloquearon el acceso al Senado, obligando a sesionar en oficinas alternas.

En medio de la tensión, roces y choques entre manifestantes y la Policía Federal Preventiva, encabezada por el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, la sesión se inició en una sede alterna sin la presencia del grupo parlamentario del Partido Convergencia, uno de los integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP) que apoya a López Obrador. A los cinco senadores de Convergencia se les impidió el acceso al salón donde sesionaban sus pares, y tuvieron que entrar por la fuerza, entre los insultos que se lanzaron mutuamente con senadores panistas. De no ser por la intervención de otros senadores, incluso habrían llegado a los golpes.

Afuera, en la calle, Genaro García Luna, en mangas de camisa, dirigía la carga de los policías federales en contra de los seguidores de López Obrador, mayoritariamente mujeres, hasta que lograron replegarlos a la acera de enfrente, en pleno Paseo de la Reforma. Dentro de las oficinas senatoriales, la pregunta que se hacían varios legisladores era: “¿Qué hace aquí el secretario de Seguridad Pública federal, reprimiendo a manifestantes, en lugar de estar combatiendo el crimen organizado”, el cual, por cierto cobró esta semana su víctima número cuatro mil en lo que va de este año.

Adentro, los senadores dispensaban trámites legislativos e iniciaban la votación, una mera formalidad, pues los acuerdos ya estaban pactados de antemano entre las tres principales fuerzas políticas: PAN, PRI y PRD.

Desde la tormentosa toma de posesión como presidente de Felipe Calderón, en diciembre de 2006, ésta es la primera vez que la derecha consigue que el izquierdista PRD se sume a trabajos legislativos de estas dimensiones. Y no es que el movimiento de López Obrador haya claudicado sino que el PRD fue tomado prácticamente por asalto por un grupo contrario al dirigente moral de la izquierda mexicana, luego de unas controvertidas elecciones internas para renovar su dirigencia nacional y que terminó en los tribunales, entre acusaciones mutuas de fraude electoral.

Anoche, la dirigencia interina del PRD abandonó a López Obrador, a quien le advirtieron que debía hacerse cargo de sus propias decisiones. Su partido no va con él sino todo lo contrario: avaló el voto de sus senadores a favor de la reforma energética negociada con el PAN y el PRI. De hecho, desde principios de la semana, cuando se vislumbraba el acuerdo legislativo, varios senadores del PRD le advertían a López Obrador que no tenía sentido oponerse ni encabezar resistencias. De paso enviaban el mensaje a los legisladores del FAP para que no intentaran tomar la tribuna, como hicieron en abril pasado, cuando por poco la reforma energética privatizadora de Calderón es aprobada en un albazo legislativo concertado por el PAN y el PRI.

Fue precisamente la toma de las tribunas de la Cámara de Diputados y del Senado, la movilización callejera y las plazas llenas de manifestantes convocados por López Obrador lo que frenó el intento de privatizar Pemex y obligó a la administración calderonista a aceptar la realización de una serie de foros de especialistas que durante un par de meses destrozó técnica y políticamente la propuesta presidencial.

Luego de que López Obrador aceptara la posibilidad de negociar la reforma energética con el gobierno, las negociaciones y trabajos se aceleraron en las comisiones senatoriales para redactar una reforma que resultara aceptable. Los siete dictámenes fueron aprobados a principios de esta semana por el oficialismo que, desde el principio, contaba con el apoyo del PRI, quien a su vez cedió en sus pretensiones de abrir Pemex a la participación de los gobiernos estatales. Su mayor triunfo fue sumar los votos del PRD y algunos más de otros senadores del FAP, encasillando la única verdadera oposición que tienen dentro de cauces institucionales.

La aceptación de la izquierda –incluida una parte que apoya a López Obrador– obedeció a que muchas de sus propuestas fueron aceptadas, cancelando la posibilidad de privatizar Pemex y frenando los apetitos empresariales sobre la principal fuente histórica de ingresos del país.

Sin embargo, el riesgo de privatización es latente, pues existen varias imprecisiones y lagunas en las siete leyes aprobadas, por lo que López Obrador tomó la decisión de regresar a las calles para enfrentar nuevamente a la administración de Calderón.

La reforma energética finalmente pasó por el Senado y la Cámara de Diputados se aprestaba a aprobarla entre hoy y el martes próximo para evitar que crezca la movilización popular que, si bien no pudo impedirla, no ha renunciado a la resistencia.