A partir de la reapertura de las causas por crímenes de lesa humanidad, varios han sido los reclamos con miras a evitar dilaciones, fomentar investigaciones eficaces y proteger a testigos, entre otros objetivos. A cinco años de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, hemos padecido la desaparición de Jorge Julio López, presiones varias para obstaculizar los procesos, criterios excepcionales a favor de los imputados –como arrestos domiciliarios, salidas extraordinarias, alojamientos en bases militares o, directamente, la libertad–, a lo que se suman aquellos que implicaron seccionar los procesos o paralizarlos de hecho. Por supuesto que ha habido avances, entre los que debemos mencionar las condenas logradas y el descabezamiento de la Cámara Nacional de Casación Penal con sus jueces cómplices. Al Gobierno se le pidió por la protección a los testigos y normas acordes con la necesidad de los juicios; al Poder Judicial de la Nación, la reorganización de los procesos –-como ejemplo, que no fuera un solo tribunal oral el que entendiera en las megacausas, para evitar la paralización de los juicios, o que las investigaciones se realizaran por centro clandestino de detención o circuito de centros–; a la Procuración General de la Nación se le ha solicitado impartir instrucciones a los fiscales para tener criterios uniformes en todo el país. Se lograron las instrucciones, pero no los criterios, que continúan dependiendo de cada uno de los actores involucrados. Especialmente, se le solicitó la conformación de unidades de investigación con avocación exclusiva, la remoción de fiscales que han trabajado por la impunidad, como los de la Cámara de Casación Penal, los fiscales de San Martín o el de Rosario, que ha pretendido desnaturalizar el concepto de crimen de lesa humanidad para reinstalar la teoría de los dos demonios. En todo este raconto justo es señalar el compromiso demostrado por algunos jueces y fiscales que han estado a la altura de las circunstancias, sosteniendo con firmeza la actividad en los procesos a pesar de las presiones. En este estado de situación, hemos tenido conocimiento de una decisión a tomar por el procurador Esteban Righi, por la cual, poniendo en serio riesgo una de las investigaciones más importantes como es la de la ESMA, desplazaría al actual fiscal Eduardo Taiano y a su equipo de colaboradores, quienes, a lo largo de cinco años, han demostrado haber conformado un grupo de trabajo comprometido, serio y dedicado. Esta decisión es de una gravedad inusitada que implicará desandar un camino con las demoras lógicas de los iniciados, a lo que se suma la pérdida de la experiencia tanto en el trabajo como en la interacción entre los distintos sujetos del proceso. Implica un impacto negativo hacia quienes han dedicado sus conocimientos y esfuerzos y también, fundamentalmente, hacia los sobrevivientes y familiares de desaparecidos, que serán los más afectados, dado que verán que el premio al compromiso es el apartamiento y el descrédito que ello genera. Todo lo contrario a lo que ha sucedido con Claudio Palacín, fiscal que ha pretendido reinstalar la teoría de los dos demonios; con los fiscales Jorge Sica y Pablo Quiroga, ambos de San Martín –el primero, con una actividad casi nula en la causa por Campo de Mayo; el segundo, entre otras cuestiones, no recurrió las decisiones de la Cámara Federal de San Martín al declarar constitucionales los indultos y las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final–, por citas sólo algunos ejemplos. Eduardo Taiano y sus colaboradores deben continuar con su trabajo en la causa ESMA si se quiere implementar políticas propicias para la lucha contra la impunidad en la Argentina.

* Abogado y querellante en la causa ESMA.