El gobierno porteño quiso desalojar a unas 40 familias que viven en terrenos ferroviarios de Caballito, pero el juez Roberto Gallardo suspendió el operativo. Según denunciaron los habitantes del asentamiento, funcionarios de la Dirección de Emergencias “les ofrecieron una suma de entre 6 y 8 mil pesos para que se vayan después del 15 de diciembre y amenazaron con desalojar por la fuerza a quienes se nieguen a hacerlo. “Se trata de un desalojo administrativo, que no cumple con ninguno de los requisitos legales, como garantizar la vivienda de esas personas”, dijo Gallardo a PáginaI12.

El conflicto se desencadenó el miércoles, cuando una cuadrilla municipal, con apoyo policial, comenzó a desmontar una compactadora que estaba ubicada en un sector del terreno. Allí había un verdadero basural: se trataba de un centro de operaciones donde los cartoneros ofrecen su producto a acopiadores.

Junto a ese basural, a unos metros, se levanta el caserío que el gobierno porteño también quiere desalojar. Lo hace, en parte, a partir de la demanda de vecinos de Caballito, que vienen reclamando desde hace tiempo contra la villa y el basural.

Por un lado, el juez Ricardo Baldomar ordenó la limpieza del basural. Pero, en el mismo operativo, funcionarios de la Dirección de Emergencias, que depende del Ministerio de Justicia, comenzaron a ofrecer a las familias una suma de entre 6 y 8 mil pesos, de acuerdo con el tamaño del grupo familiar. “Nos decían que el que aceptaba podía quedarse hasta el 15 de diciembre, pero el que no agarraba se tenía que ir ahora”, relató un vecino del asentamiento.

Los habitantes presentaron una denuncia ante el tribunal del juez Roberto Gallardo, quien se hizo presente en el lugar y dispuso la suspensión del desalojo. También le ordenó al gobierno porteño que instale un alambrado que separe el asentamiento de las vías del tren, con el fin de evitar accidentes.

“No es un nido de delincuentes, sino gente pobre, que trabaja”, dijo Gallardo a este diario. Y reveló que el asesor tutelar de menores, Gustavo Moreno, quien también se hizo presente en el lugar, detectó que en el lugar viven 60 chicos en edad escolar, que concurren a escuelas de la zona.

El predio en que se encuentra el asentamiento pertenece al Onabe –Organismo Administrador de Bienes del Estado–, pero fue cedido en 2000 a la Ciudad para construir un espacio verde. Como la Ciudad no cumplió con el compromiso, el Onabe tramitó la caducidad de ese convenio, por lo que las tierras volvieron a manos de Nación.