El juez federal Claudio Bonadío volvió a allanar ayer las sedes de las AFJP en busca de documentos específicos sobre sus planes de inversión. Son papeles que suelen circular por fuera de su contabilidad y que serían importantes para establecer si realizaron maniobras fraudulentas (de vaciamiento) apenas trascendió que el Gobierno tomaría el control del sistema privado de jubilaciones. Según decidió el magistrado, todo el material recogido en los procedimientos será analizado por peritos contadores de la Corte Suprema. A su vez, fuentes judiciales aseguran que la fiscalía de Miguel Angel Osorio, que interviene en el caso, ya tiene elementos que corroborarían, al menos en cuatro administradoras, la hipótesis de que salieron a vender bonos y acciones frenéticamente a comienzos de semana. Otro indicador en la mira es si también compraron dólares por encima de su promedio habitual.

La nueva tanda de allanamientos respondió a un pedido de Osorio, quien advirtió la importancia, a su entender, de hallar las llamadas “minutas de inversiones” de las administradoras. Son documentos que elabora el Comité de Inversiones de cada AFJP y que contienen la discusión interna –como una suerte de acta de directorio– sobre el diseño del plan de operaciones financieras para un determinado período. Este material les permitiría a los investigadores deducir si la supuesta liquidación furibunda de activos estaba prevista o fue una decisión de último momento, explicaron a Página/12 allegados al a causa. También impediría a las administradoras inventar ahora “minutas” para justificar sus ventas, algo relativamente sencillo, ya que se trata de papeles que no están foliados ni se registran oficialmente en la contabilidad. Ayer a la tarde aún se esperaban los resultados de los operativos.

Bonadío, entretanto, recibió un primer reporte de la Superintendencia de AFJP –desde ayer a cargo del titular de la Anses, Amado Boudou– que ofrece datos generales sobre los movimientos de venta activos más recientes de las empresas, pero al parecer no señala si estuvieron fuera de regla o si existen razones para sospechar. El juez espera nuevos informes de esa dependencia que, a su vez, está bajo la lupa, “ya que su función es la de controlar y debería alertar si aparece la venta dudosa o sin sentido de acciones o bonos”, dijeron funcionarios judiciales.

En base a un primer vistazo sobre los volúmenes de venta de activos, la fiscalía de Osorio habría advertido operaciones financieras dudosas por lo menos en cuatro de las diez AFJP, que podrían corroborar el planteo que hizo su colega Guillermo Marijuán –titular de la Unidad de Investigación de Delitos de la Seguridad Social (Ufises)– al hacer la denuncia que dio origen a la causa penal. La presentación hablaba de un posible fraude por “por parte de los responsables de las AFJP no sólo en perjuicio de sus afiliados sino del Estado Nacional (...) dilapidando fondos en clara violación a las disposiciones vigentes”. Marijuán señaló la abrupta caída de la Bolsa y del valor los títulos públicos como posible síntoma de las maniobras especulativas de las AFJP.

Para analizar todas las operaciones financieras de las administradoras y sacar conclusiones sobre su legalidad, Bonadío convocará a peritos contadores de la Corte Suprema. En el juzgado aspiran llegar a un cálculo de los activos que vendieron y los dólares que compraron para contrastarlo con los movimientos usuales. Después analizará quiénes podrían tener responsabilidad penal dentro de las AFJP y en la propia Superintendencia que desde el Gobierno debe controlarlas. Si aplicara las figuras que prevé la propia ley 24.241 (que creó las AFJP), los implicados tienen altas chances de quedar detenidos, ya que la norma establece penas no excarcelables (de 4 a 10 años de prisión, con agravantes de 5 a 15 años) tanto para quienes ejecutan las inversiones de un fondo de jubilaciones como para quienes deben fiscalizarlas.