Hace siete meses, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, denunciaba con bombos y platillos a una supuesta organización criminal que se dedicaba a clausurar empresas por razones ambientales para luego rehabilitarlas a cambio de una coima. Ahora, después de analizar las pruebas que presentó el gobierno porteño, la Justicia resolvió que no había delito y sobreseyó a todos los imputados. Uno de ellos presentará hoy una denuncia penal por calumnias contra Macri, la vicejefa de Gobierno, Gabriela Michetti, y el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, protagonistas de la denuncia pública. También iniciará una demanda por daños y perjuicios contra los funcionarios, quienes –de acuerdo con la Constitución porteña– deberían responder con su patrimonio.

El denunciante es el abogado Carlos Espina, quien fue jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Control Comunal durante la gestión de Jorge Telerman y ahora ejerce su profesión en forma privada. La denuncia refería a hechos sucedidos durante la actual gestión, especialmente uno, en el que los dueños de una fábrica de chasis para colectivos sufrieron la clausura de su planta por presunta contaminación y para lograr el levantamiento de esa medida acudieron al estudio de Espina. Los empresarios dijeron que el abogado, especialista en medio ambiente, les había pedido 55 mil dólares para hacer el trámite. Y por indicación de funcionarios del gobierno porteño, con la intervención de un estudio de abogados, grabaron una conversación con Espina.

Esa fue la única “prueba irrefutable” que presentó el gobierno en su denuncial. Lo cierto es que ni siquiera el fiscal Armando Cavallini encontró pruebas contra Espina en esa grabación y el juez de Instrucción, Raúl Botto, sobreseyó al acusado “con los mismos elementos que habían aportado los denunciantes”, dijo a PáginaI12 el abogado Ignacio Irigaray, patrocinante de Espina. También resultaron sobreseídos el entonces director ambiental Javier Fígoli, dos inspectores y un policía. El sobreseimiento es definitivo porque la Ciudad no apeló.

El abogado Irigaray reconoció que el pedido de 55 mil dólares que Espina hizo a los empresarios existió, pero esa suma “correspondía a los honorarios” del profesional. “Hubo después un regateo de los empresarios, creo que se habían puesto de acuerdo en 30 mil dólares”, comentó Irigaray.

Finalmente optaron por otro abogado, que hizo la presentación, “pero la controladora de faltas ratificó la clausura; aunque después de denunciar, se la suspendieron”, advirtió Irigaray. El abogado también reconoció que Espina y Fígoli tenían una buena relación, ya que habían trabajado juntos durante años.

La querella por calumnias alcanza además a Graciela Gerola, la presidenta de la Agencia de Protección Ambiental, quien dos días después de la denuncia pública firmó una resolución en la que mencionaba a Espina, que salió publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad.

La denuncia se hizo en una conferencia de prensa el 12 de marzo de este año. Macri, Michetti y Piccardo revelaron con entusiasmo la investigación mediante la cual habían descubierto una supuesta mafia. Hicieron referencia a un modus operandi que se habría repetido en varias ocasiones y también a varias empresas denunciantes. “Pero sólo presentaron un caso, una denuncia, una empresa”, destacó Irigaray.

Tras la fallida investigación, los funcionarios deberán enfrentar una demanda por daños y perjuicios. Y si ellos no responden con su patrimomio, lo hará, como siempre, el erario de la Ciudad.