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Un comisario de La Pampa denunció que le pusieron numerosos obstáculos dentro de la misma policía provincial cuando quiso combatir a redes de trata que explotan mujeres en prostíbulos pampeanos. El uniformado que rompió el silencio es Hugo Ledesma, que se desempeñó como jefe de Migraciones de la Policía de La Pampa entre 2003 y 2004. En una entrevista de Página/12 muestra la documentación oficial que respalda sus dichos. Dijo que le quitaron vehículos para realizar tareas de inteligencia y operativos en horario nocturno –justo cuando trabajan los burdeles–, que misteriosamente apareció destruido el archivo de su computadora donde tenía cargada información clave que comprometía a proxenetas después de que pidiera varias veces que se guardara esa PC en un lugar especial, y también señaló que desde la subjefatura policial le ordenaron que frenara un procedimiento en una “whisquería” de un pueblo cercano a Santa Rosa, donde él tenía información de que había muchachas paraguayas, entre ellas una adolescente de 16 años, que ejercían la prostitución. Finalmente –reveló– lo confinaron a una seccional situada a más de 300 kilómetros de la capital pampeana, donde no tenía ni teléfono. Estos hechos ocurrieron cinco años atrás pero un dato los reactualiza: el jefe y el subjefe de la policía pampeana son los mismos que en aquel momento, Ricardo Alberto Baudaux y Juan Domingo Pérez, respectivamente.

Ledesma decidió romper el silencio. Sabe a qué se expone. Está tramitando su retiro. Fue designado como jefe de Migraciones de la Policía de La Pampa en 2003. Al llegar al puesto, dijo, empezó a detectar un fluido tráfico de mujeres extranjeras, muchas de ellas paraguayas, también menores de edad, que eran traídas como inmigrantes ilegales a trabajar en diversos locales habilitados como “whisquerías” por los municipios de La Pampa, pero que en la práctica funcionaban como verdaderos prostíbulos, donde se las explotaba sexualmente. Los prostíbulos, donde un proxeneta lucra con el comercio de cuerpos ajenos, están prohibidos en la Argentina. Las whisquerías siguen existiendo en La Pampa –como en otras provincias– como pantallas de burdeles: para habilitarlas los gobiernos comunales les exigen allí a las mujeres que trabajan allí de “coperas” una libreta sanitaria especial, que deben renovar periódicamente, para demostrar que no tienen enfermedades de transmisión sexual y vih-sida, un requisito por demás extraño para servir copas. La ciudad de Santa Rosa quiere poner un punto final a esta situación y desde el gobierno comunal se impulsa un cambio legislativo profundo para prohibir las whisquerías (ver aparte).

Ledesma contó a Página/12 que durante varios meses se dedicó a investigar al cabaret El Chipi, ubicado en la avenida 13 de Caballería Nº 980, en la localidad de Toay, a unos 15 kilómetros de Santa Rosa. “Tenía la información de que había muchachas paraguayas, entre ellas una adolescente de 16 años”, precisó. Ledesma quiso realizar un procedimiento en horas de la madrugada en el burdel. Pero cuando pidió “apoyo logístico y de personal” para llevar a cabo el operativo recibió una curiosa respuesta: el jefe del Departamento Judicial de la policía, comisario mayor Carlos Alberto Muñoz, le dijo que el subjefe de la policía pampeana, Juan Domingo Pérez, le había ordenado que desistiera de concretarlo y que tal procedimiento lo llevaría a cabo personal de la comisaría 5ª de Toay. Lo dicho está escrito en una nota que Ledesma le mandó a Muñoz, el 17 de diciembre de 2004, con sello de la Policía de La Pampa, y a cuya copia certificada tuvo acceso este diario. En esa nota, Ledesma le cuenta a Muñoz que recibió una comunicación de la propietaria del local donde funciona El Chipi, de nombre Elsa Hernández, que le dice que su inquilina tendría trabajando como prostitutas a “ciudadanas de nacionalidad extranjera” y entre ellas, “una menor de 16 años”. Ledesma contó que en aquel momento le mandó un correo electrónico al ingeniero Alejandro Meringer, titular de la Delegación de Bahía Blanca de la Dirección Nacional de Migraciones, en el que le relataba los hechos. También muestra la copia de ese e-mail.

“Seis meses había estado haciendo trabajos de inteligencia en El Chipi. Ante la orden de frenar el operativo hice la denuncia ante el fiscal Jorge Marcelo Amado (actualmente a cargo de la Fiscalía de Cámara N 2 de Santa Rosa), donde le informé que había menores en el prostíbulo”, recordó Ledesma. De un sobre color marrón saca una fotocopia de la denuncia ante el fiscal. “La información que yo manejaba era que a las chicas les sacaban los documentos y no las dejaban salir del burdel”, agregó. Ledesma señaló que obtuvo una orden de allanamiento del juez federal Pedro Vicente Zabala. “La tuve que devolver porque nunca pude hacer el operativo.”

–¿Qué pasó con El Chipi? –le preguntó Página/12.

–Siguió funcionando. Tengo hasta el contrato de locación –dijo Ledesma. Y sacó del sobre una copia del documento. El contrato firmado el 26 de marzo de 2003 entre Elsa Susana Hernández y Martha I. Morán de Gigli se extendía por 36 meses a un costo mensual de 300 pesos. En la cláusula 7 se detalla que “el locatario ocupará la propiedad locada con destino de bar”.

–¿Nunca se hizo el operativo en ese prostíbulo?

–Lo hizo la seccional 5, pero en horario diurno y dijeron que sólo encontraron a la señora Morán, la encargada del lugar.

Ledesma contó que cuando avisó a las autoridades de la policía pampeana su intención de realizar el procedimiento, le asignaron otra tarea: “Recorrer la plaza central de Santa Rosa entre las 24 y las 5 de la madrugada”, señaló. Es decir, en el horario en que funcionan los prostíbulos.

–Unos meses antes me sacaron el vehículo que tenía asignado para recorrer los bares nocturnos –añadió.

En una nota fechada el 23 de junio de 2004 y dirigida al comisario inspector Miguel Díaz, jefe del Departamento Judicial de la policía pampeana, Ledesma escribió: “Elevo a Ud. la presente reiterando el contenido de similar N 76/04, fechado el 21 de abril ppdo, ante la necesidad de contar con un vehículo que nos permita movilizarnos con prontitud y albedrío ante cada requerimiento operativo evitando de esta forma circunstancias actuales, en que en razón de no contar con movilidad (...) se ha tenido que obviar inspecciones migratorias en distintos lugares de alojamiento de personas de esta ciudad: también nos estamos privando de efectuar controles en otros lugares de la provincia, como es el caso de la localidad de Toay, donde hemos individualizado tres locales comerciales que estarían cumpliendo las funciones de cabarets y en alguno de ellos trabajarían dos o tres ciudadanas de nacionalidad paraguaya, que se encontrarían con sus residencias irregulares, para cuya localización resultaría menester efectuar operativos de constatación o lo que comúnmente denominamos ‘tareas de inteligencia’; también se han obtenido datos de que en otras localidades de la provincia, como es el caso de Trenel, Ingeniero Luiggi, Conhelo, etc, se podrían encontrar personas de nacionalidad extranjera trabajando, con sus situaciones migratorias irregulares y que a la fecha no han sido controlados, toda esta operatividad inconclusa, invariablemente requiere la posibilidad de contar con un vehículo en forma permanente y no que se asignado transitoriamente, pues la tarea operativa es sinónimo de dinamismo, de actividad, de movimiento, de traslación, todos aforismos íntimamente relacionados con la locomoción”.

El comisario contó además que era frecuente que se filtrara dentro de la fuerza la información de que iba a realizar operativos y se alertaba a los propietarios de prostíbulos. Y que por esa situación pedía insistentemente a sus superiores que le asignaran personal para la Dirección de Migraciones. De esa forma evitaría tener que pedir refuerzos a otras áreas, que podían alertar de los procedimientos. En una nota fechada el 17 de junio de 2004 dirigida al jefe del Departamento Judicial, le detalla que eso ocurrió con el local nocturno Jarana: “La ciudadana Esther Acosta, esposa de Rubén (Cuky) Arce, propietario, nos estaba esperando en el exterior del lugar de acceso, evidenciando ser ‘conocedora’ de la noticia de nuestra visita”.

–La señora me esperaba con los brazos cruzados en la puerta. Nunca la había visto. Al llegar me dice: “¿Cómo le va, comisario Ledesma?”. Las mujeres extranjeras que trabajaban ahí habían desaparecido.

Ledesma contó además que recibió amenazas de muerte, que él relacionó con su ímpetu por investigar la trata de mujeres para explotación sexual en territorio pampeano. Desde su puesto en Migraciones de la Policía de La Pampa, durante su gestión impulsó la apertura de 13 subdelegaciones “para combatir la trata”. De una carpeta saca algunos recortes periodísticos de esa época del diario La Reforma, donde aparece su foto y se informaba sobre la inauguración de las oficinas migratorias de las localidades de General Pico y Realicó. Misteriosamente un día se arruinó y desapareció –describió– el archivo de su computadora que contenía los datos de alrededor de seiscientos ciudadanos y ciudadanas extranjeras que trabajaban en La Pampa (muchas de las mujeres, en prostíbulos).

–Muchas veces la Subjefatura de la policía me daba órdenes por escrito y al mismo tiempo me llamaban por teléfono diciéndome que no les diera pelota –agregó.

El 26 de diciembre de 2004, a Ledesma lo trasladaron a la comisaría de Cuchillo-Có, a 360 kilómetros al sudoeste de Santa Rosa. “No había ni teléfono. Estuve ahí casi dos años. Me dejaron afuera de Migraciones porque sabían que iba a llegar a descubrir la esclavitud sexual”, sostuvo Ledesma. Después de dos años en Cuchillo-Có fue designado como adscripto a la Unidad Regional de General Acha. Ledesma también denunció que le inventaron una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público, que tramitó en el Juzgado de Instrucción N° 2 de General Acha, de la cual fue sobreseído. Y le iniciaron un sumario administrativo en el Departamento Central de Policía en el que interviene el jefe de la fuerza, comisario general Baudaux. Y que como no le dejan acceder a las actuaciones pidió el 2 de febrero último al fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Antonio Carola, que tomara intervención en el expediente.

El 20 de agosto de 2008 Ledesma pidió el retiro voluntario que todavía espera que le otorguen. Sabe –dice– que sus denuncias pueden congelar el trámite. Pero también dice que quiso romper el silencio por la indignación que le provoca escuchar a funcionarios provinciales negar que exista la trata de mujeres en la provincia de La Pampa. “Me duele la impunidad.”

Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de fines de 2006, publicado en exclusiva por este diario oportunamente, señaló a La Pampa como destino de reclutamiento de redes de prostitución. La madre de Marita Verón, Susana Trimarco, confirmó a Página/12 la existencia de rutas de trata de mujeres entre la provincia de Tucumán, donde tiene la Fundación María de los Angeles, y La Pampa. Se estima que funcionan alrededor de treinta prostíbulos.