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En una medida inédita, el intendente de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, impulsa la prohibición de las whisquerías en el territorio de la capital provincial. “Los municipios no pueden facilitar el comercio sexual y la trata de mujeres”, declaró el jefe comunal, Francisco Torroba, a Página/12, al explicar las razones del proyecto que ya se está discutiendo en el Concejo Deliberante local y podría aprobarse antes de fin de mes. En casi todo el territorio argentino, las whisquerías son habilitadas legalmente por los municipios y –con complicidad policial, como se denuncia en distintos informes sobre el tema– funcionan como pantalla de burdeles donde se explota sexualmente a mujeres, incluso adolescentes, en regímenes de verdadera esclavitud.

En la ciudad de Santa Rosa hay tres whisquerías, dijo Torroba, que llegó al gobierno seis meses atrás. En la provincia de La Pampa hay alrededor de treinta. Torroba proviene de la UCR y ganó los comicios el último domingo de agosto por la coalición Frepam (Frente Pampeano, Cívico y Social), que integran radicales, socialistas y ex frepasistas. Se impuso con el 49,9 por ciento de los votos al polémico peronista Juan Carlos Tierno, destituido el 7 de marzo, tras apenas 87 días de una cuestionada gestión.

–¿A qué responde la decisión de prohibir las whisquerías? –le preguntó Página/12 a Torroba.

–Simplemente hemos decidido poner límites, límites a la prostitución infantil y a la trata de mujeres. Vamos a modificar la legislación para que no existan esos locales donde, se sabe, se explota a las mujeres y sirven para los llamados “pases”. Es una política de Estado. Y estamos trabajando en red con organizaciones sociales. Sabemos que es necesario un cambio cultural.

–¿A qué se refiere?

–La explotación sexual de mujeres y la prostitución infantil están instaladas en gran parte de la sociedad como algo normal, aceptado.

–Mueven mucho dinero. ¿No ha recibido presiones de sectores interesados en que nada cambie?

–Todo esto funciona por dinero. Y cubre todo el país, la extensión territorial es completa. Pero no, no he recibido presiones.

–Con esta iniciativa Santa Rosa picará en punta. Tal vez desaparezcan los prostíbulos de la ciudad, pero seguramente seguirán funcionando en las demás, como hasta ahora. ¿Lo imitarán en otros municipios?

–Hay que hacer punta en fijar límites pero también es muy importante el trabajo en red con otras instituciones. Tengo muchas expectativas de que este tipo de medidas se vaya generalizando.

Hasta ahora, en Santa Rosa, como en la mayoría de las provincias, las habilitaciones comerciales para las whisquerías –como para cualquier otro negocio– las otorga cada municipio. Es decir, son locales legales. Pero además de vender tragos –para eso son habilitados– las empleadas son forzadas a prostituirse. A veces, están allí por propia voluntad, pero muchas más han llegado al burdel engañadas por una falsa oferta laboral, por redes de tratantes, que operan en todo el país. Hay que recordar que la legislación argentina penaliza a los rufianes, proxenetas y a quienes lucren con la prostitución ajena, pero no a quienes ejercen la prostitución. Desde hace poco menos de un año, además, está tipificado como delito federal la trata, es decir, el reclutamiento, traslado y entrega de personas para la explotación sexual y laboral, entre otras modalidades, si existió engaño, amenaza y coerción en el caso de mayores de 18 años. Y sin la necesidad de probar esos mecanismos si se trata de menores de edad.

Lo curioso –y el detalle que demuestra la hipocresía y a la vez la naturalización de la explotación sexual– es que para vender tragos los municipios, como los de Santa Rosa, exigen a los propietarios de las whisquerías que las coperas renueven periódicamente –en general cada dos semanas– una libreta sanitaria, que incluye exámenes para determinar que no tienen enfermedades de transmisión sexual. Es el mismo “proxeneta” quien retira las libretas sanitarias del municipio.

Una de las artífices de la nueva política que quiere impulsar el intendente Torroba es la directora del Area de Género, Mónica Molina, una periodista de larga trayectoria local y conocido compromiso en defensa de los derechos de los mujeres. “Hoy lo más grave es la naturalización por parte de los distintos niveles de poder público, judicial, policial, político, del sometimiento sexual de las mujeres. Ese patrón se repite provincia por provincia. La policía puede alegar que las mujeres no denuncian que están explotadas para no actuar, pero, se sabe, ninguna víctima puede denunciar a su victimario por miedo, por amenazas”, señaló a Página/12 Molina. La funcionaria contó que durante años en el libro de la Dirección de Sanidad, dependiente de la Secretaría de Producción del municipio, donde se registra la entrega de libretas sanitarias a los dueños de “whisquerías”, ha quedado plasmada la trata de mujeres: aparecen inscriptos “grupitos” de mujeres traídas de Paraguay y de Formosa, Córdoba, y otras provincias. Las jóvenes dan como domicilio el de la whisquería en la que trabajan, pero queda asentado que su lugar de origen fue otro, muy distante de Santa Rosa. Cualquier juez al que le interese investigar no tiene más que pedir ese documento público para tirar de un ovillo que no debe ser difícil desarmar.