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La Suprema Corte de Justicia bonaerense y la Procuración General de la provincia emitieron una resolución, de tinte editorial, en la que sostienen que corre peligro la “independencia” del Poder Judicial por las constantes “presiones” de las autoridades del Poder Ejecutivo, entre otras, la presidenta Cristina Fernández y el gobernador Daniel Scioli. Ambos han dicho, al hablar de la mentada inseguridad, que muchas veces la policía encierra a los delincuentes pero los jueces los liberan, y de inmediato. “Cuando la crítica proviene de otros altos niveles del Estado no parece razonable que, al mismo tiempo que se la formula, se ignore que frente a cada decisión (judicial) existen niveles de revisión”, señala el documento.

Más allá de que existan o no casos de mala praxis en algunos funcionarios judiciales, tanto la procuradora como los magistrados que integran la Corte Suprema bonaerense recordaron que “el desempeño de los jueces y miembros del Ministerio Público está sujeto a la intervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados o, en su caso, a la potestad disciplinaria en el seno del Poder Judicial”. La resolución se consensuó ayer en La Plata entre la fiscal Carmen Falbo y los jueces Juan Carlos Hitters, Luis Genoud, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani, Eduardo de Lazzari, Daniel Soria.

Entre otras críticas de políticos y de figuras públicas pro mano dura siempre figura la palabra “garantistas” usada despectivamente. El documento se refiere al tema en términos pacíficos, al principio, y demoledores luego. “En el ejercicio de su trascendental misión de impartir justicia, los magistrados ajustan su desempeño a un sistema jurídico integrado por los tratados internacionales, las normas constitucionales, legales y reglamentarias”, argumenta el escrito.

Después remarca: “No es la Justicia la que ha sancionado dicho bloque normativo al que debe sujetar necesariamente su labor en un Estado de derecho, como tampoco ha generado condiciones sociales de marginación”.

En esta misma línea pidieron “un esfuerzo serio y decidido para promover el bienestar general, analizar exhaustivamente las trascendentes cuestiones sociales implicadas en las causas del delito, procurando superarlas, asignar con eficacia los recursos públicos y resguardar los derechos humanos, que llevará consigo el ansiado mejoramiento de la seguridad ciudadana”.

Esta ha sido la misma respuesta dada por Carmen Argibay y Eugenio Zaffaroni, ambos jueces de Corte Suprema de la Nación, a las constantes críticas de la supuesta inacción judicial ante los hechos de inseguridad. La recurrente repetición de escenas violentas en varios noticieros también fue analizada en la resolución que indica (a las autoridades del Ejecutivo) que “no puede recurrirse al estrépito mediático para eludir esos mecanismos sin afectar la independencia del Poder Judicial”.

Los firmantes dijeron ser “conscientes” de que pueden cometer errores y es legítimo disentir con algunos de sus pronunciamientos, pero afirmaron que “frente a las controversias y opiniones que las cuestiones vinculadas a la seguridad hoy suscitan hay que alejarse de la superficialidad como forma de expresión”. También exigieron “madurez cívica”.

El martes, la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires hizo lo suyo al difundir un comunicado que denuncia “insistentes presiones y amenazas” a magistrados para que no fallen contra los deseos de “la cúpula del poder”.