Por medio de un decreto, el gobernador de Mendoza, Celso Jaque, aprobó un plan integral para tratar violadores reincidentes, que incluye la castración química voluntaria del preso. En un mes estarían capacitados los equipos médicos y, como ya ocurre en Alemania, Dinamarca y Polonia, la medida se haría efectiva en tres meses. El anuncio desató inmediatamente una polémica con fuertes críticas de especialistas.

“Tenemos que terminar con los mitos y los estereotipos que movilizan medidas similares a la ley del Talión”, explicó a Página/12 Karina Ferraris, psicóloga y delegada mendocina del Inadi. La hipótesis de que la sexualidad masculina “irrumpe de manera incontrolable y que las mujeres hacen algo para que los tipos actúen de esa manera, son los cimientos que sustentan las políticas restrictivas como la castración química”, agregó Ferraris.

En octubre de 2009, el gobernador Jaque convocó a un comité de expertos (médicos y abogados) que avaló el Programa Provincial para la Prevención de la Reincidencia de Autores de Delitos de Indole Sexual, que entre sus puntos más relevantes incluye la castración química en caso de que el condenado acceda voluntariamente. Desde entonces, el Ejecutivo mendocino comenzó a redactar distintos decretos y proyectos de ley para llevar a la práctica la iniciativa. El decreto firmado por el gobernador mendocino el 3 de marzo último fue el paso final y necesario antes de hacer efectiva la medida con presos que en la actualidad tienen sentencia firme.

Según Ferraris, la discusión y la próxima implementación a nivel provincial de una solución farmacológica para los violadores reincidentes desvía el foco del conflicto. Es una problemática relacionada con la violencia de género, “que no se termina con una inyección mágica, ni con revanchismo o venganza”, argumentó. “Lo que se pone en juego en el perfil de los abusadores es la dominación y el sometimiento de la víctima, porque ése es su goce” dijo Ferraris y dio un ejemplo: “Aunque el hombre se encuentre inhibido con fármacos puede usar un palo u otra parte de su cuerpo para realizar la penetración”, sintetizó Ferraris.

El decreto aprobado por el gobernador Jaque establece una modificación al tratamiento del Régimen Progresivo de Penas para los presos que se sometan a la castración. Es decir, los condenados que accedan voluntariamente al tratamiento obtendrán beneficios respecto de conmutaciones de penas o libertad condicional. Aunque la última palabra la tendrá el gobernador.

En cuestiones penales, “hay situaciones en las cuales la voluntad no es clara porque no permite otra alternativa posible”, explicó a este medio Zulita Fellini, ex jueza y jurista especializada en derecho penal.

Una comparación: “Cuando una mujer es sometida por una red de trata de personas, aunque preste consentimiento está condicionada por una relación de dominio y extrema vulnerabilidad –argumentó Fellini–. Y, en el caso de un preso que está restringido en su libertad y puede salir de la cárcel por medio de una castración química, también la voluntad individual es algo cuestionable”.

Además, “supongamos que una persona que fue condenada a 25 años de prisión pidiera que se le concediera la pena de muerte. ¿Qué se hace?”, preguntó Fellini y respondió rápidamente: “Pese a la voluntad del reo, no se puede permitir porque va en contra de lo que establece el Código Penal y los pactos internacionales”, explicó.

“La semana que viene el gobernador junto con los legisladores nacionales por Mendoza del justicialismo elevaría un proyecto de modificación del Código Penal que prevé modificaciones fundamentales”, como la transformación del “delito contra la integridad sexual cuando esté involucrado un menor en instancia pública”, admitió ayer el ministro de Gobierno mendocino, Mario Adaro. Además, para volver obligatoria la práctica es precioso modificar el Código Penal, que rige a nivel federal. Según la opinión de Fellini, “los abusadores sexuales y, en especial, los violadores son enfermos y, por lo tanto, nada de lo que ocurra en el ámbito penal debería ser permitido como ejercicio sobre estas personas”. En su explicación, Fellini fue más allá y argumentó que los abusadores en Mendoza ahora tendrán una doble pena: médica y judicial. “Es esquizofrénico: con la castración química –una pastilla o inyección que disminuye la libido y la potencia sexual– el juez se comportará como un médico y no como un magistrado”, dijo la jurista y se preguntó: “¿Cómo sabe qué tiempo de tratamiento tiene que aplicar al enfermo o cuál es la dosis que le corresponde a cada preso?”

Además del debate legal, la castración química “es una medida que malgasta los recursos públicos, cuando deberían destinarse a políticas de prevención y atención a las víctimas de la violencia de género”, estimó la psicóloga Ferraris.

Informe: Mariana Seghezzo.