Jueves, 22 de abril de 2010 | Hoy
SOCIEDAD › CRITICAS A LA CAMARA DE BARILOCHE POR LA ANULACION DE UN FALLO QUE HABILITABA UN ABORTO NO PUNIBLE
Los camaristas anularon la decisión de un juez, pese a que el aborto ya se había efectuado, para evitar nuevas sentencias de ese tipo. Uno de los jueces es activista católico. Ya hay una serie de cuestionamientos y apoyos al magistrado.
Por Mariana Carbajal
Uno de los camaristas de Bariloche que anuló la semana pasada el fallo del juez Martín Lozada que avaló el aborto no punible pedido por una adolescente violada es un conocido activista católico, con rango de ministro de la eucaristía, que los domingos suele entregar hostias a los fieles que comulgan en la iglesia de la Inmaculada Concepción de la ciudad rionegrina: se trata de Alfonso Pavone, quien además tiene un hijo sacerdote. En su voto, Pavone fue claro sobre la intención de la Cámara Primera del Crimen de adoctrinar con esa sentencia a los jueces inferiores para evitar que avalen, como hizo Lozada, la realización de abortos no punibles con una interpretación amplia de los permisos previstos en el Código Penal, en la misma línea que unas semanas atrás lo hizo el Superior Tribunal de Justicia de Chubut y acaba de reclamar que se imponga como criterio en el país el Comité de Derechos Humanos de la ONU, tal como informó Página/12 semanas atrás.
Tras el pronunciamiento de la Cámara, distintas voces salieron a apoyar el fallo de Lozada, entre ellos el camarista federal platense Carlos Rozanski –que antes se de-sempeñó en la misma Cámara rionegrina–, el presidente de la Asociación por los Derechos Civiles, Alvaro Herrero, y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Más de un millar de personas, además, le expresaron su respaldo en pocos días a través de la red social Facebook, donde se formó un grupo de apoyo al magistrado. Organizaciones de mujeres en diversos puntos del país, por otra parte, están juntando adhesiones a su favor. Para mañana está convocada una concentración en el Centro Cívico de Bariloche. Ya hubo otra manifestación la semana pasada frente a los tribunales, también para apoyar a Lozada. A cargo del Juzgado de Instrucción Penal Nº 2 de Bariloche, el magistrado tiene larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos.
El fallo de la Cámara fue dictado el 14 de abril, siete días después de haberse practicado el aborto no punible en un hospital de Bariloche, con el acompañamiento del Ministerio de Salud provincial. La sentencia, que lleva las firmas de Pavone, Alejandro Ramos Mejía y Marcelo Barrutia dejó a la vista la interna judicial de la ciudad: los tres camaristas representan a los sectores más conservadores. Pavone es lisa y llanamente un soldado de la Iglesia Católica. Lozada se ubica, en cambio, entre las voces más progresistas: es académico de Derechos Humanos de la Unesco en la Universidad de Utrecht, Holanda. Su padre, Salvador María Lozada, un reconocido constitucionalista progresista, vale recordar, fue presidente de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre y es considerado uno de los mejores jueces que tuvo la Argentina.
Desde el 5 de abril, cuando dictó el fallo a favor del aborto no punible, Lozada recibió amedrentamientos institucionales informales, incluso la amenaza de un jury. El presidente del Colegio de Abogados de Bariloche, Diego Braide, representante legal de la organización “pro vida” Gravida, y también ministro de la eucaristía como Pavone, salió públicamente a exigir su renuncia. En la iglesia que Pavone da las hostias, el domingo 11 de abril, buena parte del sermón del cura apuntó con virulencia a Lozada.
La Cámara del Crimen reconoció que el recurso de apelación presentado por la defensora del no nacido Paula Bisogni “deviene abstracto” atento que ya se hizo el aborto. No obstante, insistió en dictaminar para enviar un mensaje a los subalternos. Pavone lo explicó en su voto así: “Resulta imprescindible pronunciarse a fin de evitar que en el futuro se produzcan situaciones semejantes”. Y más adelante precisó aún más: “Permitir que se instale la opinión (de Lozada) sería ni más ni menos legalizar encubiertamente el aborto”.
“La sentencia de la Cámara es una muestra clara del estereotipo tradicional en este tema. El componente fascista de los jueces y fiscales es más alto que el de los moderados o algunos progresistas. Baste pensar que si como dice el fallo, se tornó abstracto porque el aborto ya se hizo, para qué se pronuncian. Obviamente porque quieren fijar su posición contra el aborto no punible pese a que la ley es clarísima, aunque los camaristas la quieran mostrar con tintes que no tiene. Primero, hay que recordar que no hace falta ninguna autorización judicial para hacer ese aborto”, indicó Rozanski, en diálogo con Página/12. El magistrado platense recordó que es el médico quien debe definir si se trata de un aborto no punible. “Pero, si por alguna razón se recurriera a la Justicia, es el juez quien autoriza el aborto y no admite discusión alguna porque entonces, si se suspendiera el proceso (como pretende el fallo de la Cámara de Bariloche), avanzaría el embarazo, que es lo que obviamente ellos quieren”, analizó Rozanski.
La Cámara del Crimen declaró nulo el fallo de Lozada con el argumento de que no era competente –ya que pertenece al fuero penal y debió, según su opinión, intervenir el fuero de familia–. Además, como ya informó este diario, el tribunal cuestionó que no hizo lugar a los requerimientos obstructivos de la defensora del no nacido para frenar el aborto no punible. A eso llamó “violación de las garantías constitucionales”. Lozada se pronunció a pedido del Ministerio de Salud de Río Negro.
En realidad, la Cámara de Bariloche pretende restringir el acceso a los abortos no punibles vigentes desde 1921 en el Código Penal. Justamente el Comité de Derechos Humanos de la ONU le indicó al país en marzo pasado que deben capacitarse los profesionales de la salud y la Justicia para evitar que hagan interpretaciones restrictivas de los permisos para abortar. El Superior Tribunal de Chubut, semanas atrás, se pronunció en el mismo sentido que Lozada: reafirmó que toda mujer que resulta embarazada en una violación tiene derecho a interrumpir esa gestación forzada y no sólo aquellas “idiotas o dementes” como sostiene en su fallo la Cámara del Crimen de Bariloche.
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