Indugraf está cerrada desde fines de 2008, pero los trabajadores permanecen en el lugar.
Imagen: Guadalupe Lombardo.

“El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen”, puede repetir cualquier vecina de Parque de los Patricios, pero en Sánchez de Loria 2251 el dicho popular se invierte. En la imprenta Indugraf SA, los que se fueron teniendo trabajo pendiente fueron los dueños y los que permanecen ocupando la fábrica hace un año y cuatro meses son los empleados, que formaron una cooperativa y se resisten a perder sus puestos y los salarios adeudados. El sueño de la continuidad laboral parecía encaminarse en diciembre cuando, después de un año, la Justicia decretó la quiebra de la empresa y la cooperativa presentó un plan de trabajo. Pero ahora un tribunal hizo lugar al pedido empresarial de convertir la quiebra en concurso preventivo, aunque los balances presentados están siendo investigados por falsificación. “Ellos tendrán la posesión legal, pero nosotros contamos con la posesión real. Queremos saber qué va a pasar con nuestros puestos de trabajo. Aunque por la lógica con la que se manejaron los dueños, hasta ahora, esperamos un desalojo antes que un arreglo”, explicó Verónica Cuervo, presidenta de la cooperativa Gráfica Loria. La expropiación es otra posibilidad presente en la Legislatura porteña. Falta de trabajo, conflicto con el personal y un parate para reorganizar el esquema productivo fueron los puntos presentados por Indugraf SA –encabezada por Juan Carlos Martínez– para justificar el cierre de la imprenta, durante la audiencia previa a la conversión de la quiebra en concurso de acreedores, según explicó una fuente judicial a Página/12. Los argumentos son los mismos desde el 24 de noviembre de 2008, cuando los trabajadores llegaron a la imprenta y encontraron las puertas cerradas y un cartel: “La empresa permanecerá provisoriamente cerrada”.

“Nosotros veníamos teniendo paros porque en los últimos dos años la empresa tuvo sus mejores años de producción pero dejó de pagar los aportes patronales, sindicales y sociales. No cerró por nosotros, cerró porque tenían todo bien pensado”, explicó Hugo Carballo, uno de los 30 trabajadores que aún resisten por los aportes solidarios de otras imprentas recuperadas y por “comernos los ahorros de todos estos años”, apuntó.

Miguel Benítez, que trabaja desde hace 15 años en la empresa, invita a pasear por el enorme galpón de máquinas frenadas y pliegos de papeles esperando ser impresos, doblados y encuadernados. Las editoriales Santillana, Sudamericana, Sigmar, Tinta fresca y Estrada imprimían sus libros en esos galpones, y Miguel no duda en mostrar la fecha de embalaje de uno de los tantos bloques de papel listo para la impresión: “Este llegó el 18 de noviembre, el 21 fue el último día de trabajo”, dijo sin encontrar explicaciones.

Dos semanas después, los trabajadores ocuparon la fábrica porque “los vecinos nos comentaban que por las noches entraba gente a llevarse las cosas”, apuntó Benítez. Lo que quedó, desde un reloj hasta la maquinaria, tiene una etiqueta que indica su registro en el inventario realizado para abrir el concurso ordenado el 19 de marzo.

Tras el cierre, los encargos pendientes quedaron atrapados y los trabajadores también. En las audiencias del Ministerio de Trabajo realizadas durante 2009, los despidos por “falta de trabajo” fueron declarados ilegales por parte del ministerio, ante la ausencia de un proceso preventivo de crisis. “Los dueños nunca accedieron al pago de los salarios adeudados ni al pedido de la cooperativa de acceder a un comodato para poner en marcha la fábrica”, apuntó Cuervo.

La posibilidad de destrabar el conflicto y comenzar a trabajar se abrió en diciembre, cuando el juez comercial No 12, Rafael Cruz Martín, declaró la quiebra haciendo lugar al pedido de la Obra Social del Personal Gráfico por una deuda de 1,2 millón y dio la fábrica en guarda a los trabajadores, sin posibilidad de explotarla. Para encender las máquinas la cooperativa necesitaba la aceptación de un plan de negocios. Carlos Berger, síndico de la causa, explicó que en el plan presentado por los trabajadores “los futuros ingresos y clientes no estaban identificados, por lo que desde el punto de vista de un plan de negocios no era posible aprobarlo”. Para Cuervo, el rechazo tiene otra explicación: “Nos exigían órdenes de compra de clientes a una cooperativa a la que todavía no se le dio el permiso legal para trabajar. Lo que sí presentamos son cartas de intención de editoriales”.

Descartado el plan de los trabajadores, el juez Cruz Martín hizo lugar al pedido de conversión de la quiebra a concurso preventivo. El proceso continúa en marcha a pesar de que el síndico denunció ante la Justicia la falsificación de los balances presentados por los empresarios para acceder al recurso legal. Entonces, los trabajadores suman fastidio a la frustración. “Como la ley de quiebras no le ordena a la empresa presentar un plan de trabajo, esperamos que el juez convoque una reunión para saber qué va a pasar con nosotros”, explicó la presidenta de la cooperativa. La otra posibilidad abierta para los trabajadores es el avance de la ley de expropiación presentada en la Legislatura porteña por el diputado Diego Kravetz. “Si el dueño no demuestra intención de explotar comercialmente la imprenta, como no lo hizo en este año y medio, y de reincorporar a los trabajadores y pagar los salarios caídos, la expropiación debe avanzar. Se trata de unidad productiva y hay un bien social en juego”, resumió el legislador.

Informe: Nahuel Lag.