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El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció un proyecto de ley que abre el debate sobre la financiación estatal de los tratamientos de fertilización asistida. La propuesta –que se pondrá a consideración de la Legislatura bonaerense– dispone la cobertura de estos tratamientos para los afiliados al IOMA, propicia convenios para que las demás obras sociales los incluyan y establece un “programa especial” para quienes no tengan cobertura social. Como la fertilización in vitro no se practica en ningún hospital público bonaerense, el proyecto implica la contratación en instituciones privadas. Un representante de los médicos que efectúan estas prácticas consideró que la ley es “perfecta”. En cambio, un experto en salud pública sostuvo que el proyecto podría conducir a un “mecanismo de solidaridad invertida, donde los pobres financian prácticas de alta complejidad que son utilizadas por otros sectores sociales”.

El proyecto propicia “el reconocimiento como patología y la cobertura integral de la infertilidad”, así como “el desarrollo de centros de referencia de procreación asistida en efectores públicos”. Por ello requiere: “Incorpórese a las prestaciones del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) la cobertura médico asistencial” de estos tratamientos; además, “el Poder Ejecutivo establecerá un programa especial en sus efectores públicos, destinado a los habitantes de la provincia que no tengan cobertura médico-asistencial”; y “facúltese al Poder Ejecutivo a celebrar convenios con las obras sociales y de medicina prepaga cuya regulación exceda el ámbito provincial, con el fin de incluir la cobertura”.

Daniel Scioli, gobernador bonaerense, destacó que “los problemas de fertilidad son una enfermedad, según la OMS” y afirmó: “Quiero hacer realidad el sueño de muchas parejas humildes que no pueden acceder a la asistencia privada ante problemas para tener hijos”. También anunció para el futuro cuatro centros de referencia en tratamientos de fertilización asistida, que se crearían en los hospitales Luz Gómez, de Haedo; San Martín, de La Plata; Penna, de Bahía Blanca, y Allende, de Mar del Plata.

Según Sergio Alejandre, viceministro de Salud bonaerense, “en la provincia, también los afiliados a obras sociales reguladas por el PMO nacional podrían exigirles la cobertura: el Ministerio de Salud podrá hacer convenios que ofrezcan a estas obras sociales la prestación, a través de efectores, a un costo inferior”. El proyecto no hace referencia a la partida presupuestaria requerida. Alejandre estimó “un costo anual de 80 a 100 millones de pesos” y consideró “prematuro plantear de dónde van a provenir”. De aprobarse el proyecto, la provincia se convertiría en la primera jurisdicción en dar cobertura estatal a la fertilización in vitro.

“El proyecto me parece perfecto –sostuvo Claudio Chillik, presidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva y director de uno de los institutos que practican la fertilización in vitro–: la infertilidad es una enfermedad y como tal debe ser cubierta. La propuesta acierta al no entrar en temas técnicos y limitarse a reconocer los tratamientos por obras sociales y prepagas.” En cambio, Estela Chardón –coordinadora de Concebir, entidad que reúne a pacientes con infertilidad– afirmó que “el proyecto debería avanzar en un marco regulatorio, para impedir que regulaciones posteriores impongan restricciones, como la que exige un tiempo previo de convivencia de la pareja; también debería cubrir la ‘vitrificación de óvulos’, que permite hacer sucesivos intentos en lugar de transferir varios embriones con riesgo de embarazos múltiples”.

Otra perspectiva planteó Hugo Spinelli, director de la maestría en Políticas de Salud de la Universidad de Lanús: “Hay que establecer prioridades, ya que el recurso en salud siempre es limitado. La provincia tiene altas tasas de mortalidad por tuberculosis, por Chagas, por falta de agua corriente y cloacas. Es prioritario aumentar los centros de salud barriales. Cuando una cobertura como la de la fertilización asistida se transforma en derecho individual, el Estado queda obligado a pagarlo y las instituciones privadas multiplican sus clientes a través de las obras sociales. La financiación finalmente proviene de los sectores pobres, a través de ‘mecanismos de solidaridad invertida’: los más pobres transfieren recursos a prácticas de alta complejidad que son utilizadas por otros sectores sociales”. La Agenda de Salud para las Américas, de la OMS, no incluye la cobertura estatal de la fertilización asistida.