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Unas cincuenta familias fueron desalojadas ayer de un edificio en el barrio de Once en medio de un operativo policial que ingresó pateando puertas, sacó gente a la rastra y detuvo a ocho personas, entre ellas el abogado de las familias, liberadas horas más tarde. Las familias habían presentado una medida de amparo ante un juzgado porteño con el respaldo de la Asesoría General Tutelar de la Ciudad y el legislador Tito Nenna, para exigirle al gobierno porteño una asistencia habitacional ante la certeza de quedar en la calle, derecho ratificado en mayo por un fallo del Tribunal Supremo de Justicia. El Ministerio de Desarrollo Social porteño, advertido del desalojo, había solicitado una prórroga de quince días, que fue concedida, argumentando que no tenía plata para asistir a los inquilinos. “Desde el gobierno porteño no pueden decir que no sabían que se iba a realizar el desalojo. Retrasaron todo para no hacer nada”, sentenció Gustavo Moreno, titular de la Asesoría del Menor Nº 1. Consultado por este diario, el Ministerio de Desarrollo Social porteño no dio respuesta.

“No queríamos permanecer en el edificio porque no es nuestro. Lo que buscábamos era una respuesta, porque si nos desalojan no tenemos donde vivir”, resaltó Edith Bernaola, mientras cargaba sus cosas en un camión, rumbo al depósito judicial. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 10, a cargo de Hugo Zuleta, aceptó la medida de amparo presentada por los vecinos que ordenaba “arbitrar las medidas necesarias para brindar una solución habitacional a las familias” al gobierno porteño. “No movió un dedo”, apuntó Nenna para responsabilizar al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.

La medida de amparo fue requerida semanas atrás, después de que las familias resistieran dos intentos de desalojo en 48 horas, de acuerdo con el fallo de la causa iniciada en 2009 por el dueño del edificio, ubicado en Tucumán 2924, con sentencia firme desde principio de año en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 91. Ante el aviso de intervención al Ministerio de Desarrollo Social, la respuesta ministerial fue una prórroga de desalojo, que el juez Carlos Coggi hizo efectiva y finalizó ayer. “El ministerio estaba al tanto del desalojo por intimaciones de la Asesoría y por el juez de la causa, debería haberse presentado con anterioridad y dar una solución acorde a cada familia”, señaló Moreno.

Al igual que otro medio centenar de familias desalojadas, Jacqueline Peña López pensaba dónde ir a dormir en la noche junto a su bebé de seis meses y su marido, pero no reparaba en denunciar al dueño del edificio que durante cinco años le “alquiló” una pieza “2x2”. “Dejaba encargados para que cobraran el alquiler con recibos truchos. Nunca dejamos de pagar hasta dos años atrás, en que el gobierno de la ciudad clausuró el edificio por falta de habilitación”, indicó Peña López.

Para evitar que las familias quedaran en la calle, la Asesoría Tutelar promovió ayer una medida cautelar aceptada por el juez Zuleta que ordenaba al gobierno a relevar a las familias y otorgarles una solución habitacional, pero “se presentó una sola persona del gobierno para relevar a cuarenta y cinco familias. Además la propuesta de asistencia llegó tarde cuando sólo quedaban dieciséis familias”, resaltó Moreno.

Informe: Nahuel Lag.