[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El ministro de Economía describió la decisión presidencial de aumentar el mínimo no imponible y otras deducciones en el impuesto a las Ganancias como “un esfuerzo del fisco para aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores”, que ponderó en 3148 millones de pesos para el segundo semestre. “No es la primera vez que lo hacemos, ésta ha sido una política permanente, cuyo hito fue la eliminación de la tablita de Machinea en diciembre de 2008”, destacó Amado Boudou.

La mención de la “tablita” no es casual. El ministro de Economía de la Alianza (gestión de Fernando de la Rúa) dispuso, como recurso fiscal, limitar sólo al primer peldaño de la escala de ingresos gravados la posibilidad de “gozar” del ciento por ciento de las deducciones. El escalón siguiente accedía al 90 por ciento de las deducciones, el posterior al 70, luego al 50, más allá el 30 y los dos niveles más altos de ingresos gravados sólo tenían derecho a aplicar el 10 por ciento de las deducciones o nada. Su implementación fue una suerte de impuesto “extra” sobre los ingresos de los trabajadores. Eso sí, a los trabajadores que gozaran del “triple privilegio” de tener trabajo, bien remunerado y, encima, en blanco. Como muchos de los que hoy ocupan la primera fila de los opositores y críticos del Gobierno formaban parte de aquella gestión, Boudou no se priva, cada vez que puede, de recordarles qué hicieron cuando ellos fueron gobierno.

Como esos “recursos” que el fisco absorbía eran aplicados a cumplir con los planes que se acordaban con el FMI (blindajes y megacanjes mediante), para pagar vencimientos con acreedores privados y facilitar, a la vez, la fuga preventiva de capitales de bancos y grandes empresas (2000/2001, meses previos a la catástrofe), la “tablita” y otros instrumentos de época (de la Alianza) se convirtieron en emblemas de políticas en contra de la mayoría, del trabajo y de la producción. La caracterización que hizo ayer Boudou buscó resaltar ese aspecto frente a lo que, según indicó, ha sido una conducta permanente de la gestión kirchnerista: acompañar, con alzas en el mínimo no imponible y las deducciones familiares, la evolución de los salarios sin afectar el poder adquisitivo con detracciones impositivas. Por elevación, también un mensaje a Hugo Moyano: no es por presión de la CGT, sino por convicción propia que el Gobierno actúa.

Pero en otros ámbitos, desde otros flancos, el debate es distinto. ¿Es “progresista” bajarles el impuesto a los trabajadores mejor remunerados, restando recursos al Estado para fines sociales más distribucionistas? ¿No fue el ejemplo que dio Boudou, que el sacrificio fiscal es el valor de 31 mil viviendas populares, un ejemplo “claro” del sentido de esta reasignación de recursos?

Es imposible agotar el debate en un par de párrafos, sobre todo si se incorporan otros argumentos como los nichos de privilegio que representan las rentas financieras no alcanzadas por Ganancias, o los ingresos exentos de jueces y otros meritorios. Por no mencionar otras múltiples formas de inequidad del sistema impositivo actual.

Pero circunscribamos (o intentemos) el debate al impuesto sobre la cuarta categoría. Si por definición el impuesto siempre se va a cobrar sobre los salarios en blanco, el ingreso promedio de ese universo reducido debe estar bien por encima de los dos mil y pico que pretende la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. Si los acuerdos paritarios de los gremios con más afiliados arrojan valores, en los escalones más altos, superiores a los 4500 pesos (antes de computar premios, horas extra y otros adicionales), no se puede considerar como una “minoría privilegiada” a quienes ocupan esas categorías mejor calificadas. No son tan pocos ni una “elite” los que hoy acceden a los niveles de ingresos alcanzados por los primeros escalones del impuesto.

La elevación del “piso” del gravamen es una medida insuficiente, parcial, pero en sentido correcto. Quizá no sea “distribucionista”, porque no va en favor de los que menos tienen, pero sí “progresista”, porque privilegia al trabajo. Son otras las políticas para que sean cada vez más los que accedan a niveles de calificación bien remunerados. Son otras las discusiones por un sistema impositivo más justo, que no equipare el valor de compra del trabajo con la utilidad del capital.