Niega, niega, niega, mientras los demás asientan, parecía decir la estrategia del ministro de Gobierno, Diego Larreguy, durante la extensa interpelación ligth –le formularon cien preguntas que ya conocía de antemano– a la que respondió ayer ante la Legislatura en Viedma. En síntesis, Larreguy descartó que la muerte de Diego Bonnefoi se tratara de un caso de gatillo fácil; insistió en que “no hubo represión” porque se ordenó “prevenir”; aseguró que “no se usaron proyectiles de plomo” porque se “impartió una orden estricta”; sostuvo que “no habrá encubrimiento”, aunque los testigos son amedrentados por los propios jefes policiales, y llegó a sugerir que los policías son “ciudadanos de segunda porque no les rige la presunción de inocencia”, como al cabo Colombil de la cartuchera fácil; un subcomisario que lo acompañaba explicó una foto de la represión en que se ve a dos policías con pistolas apuntando: “Es una posición táctica –explicó sin ponerse colorado–, el dedo índice está fuera del arco (del gatillo), no está apuntando a nadie, es una posición de cobertura”. Desde la galería de la Legislatura, poblada del molde de cabello al ras, se escuchaban vítores y aplausos. Lejos, en Buenos Aires, el ministro de Justicia, Julio Alak, recibía a los familiares de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, las otras dos víctimas de las órdenes no impartidas, para ofrecerles la solidaridad del gobierno nacional y “colaborar para evitar que los hechos queden impunes”, con el apoyo de equipos técnicos y científicos de las fuerzas federales de seguridad.

“No vamos a tolerar que, impunemente, quienes detentan cargos institucionales y públicos se hayan convertido hoy en disertantes en medios nacionales que acusan injustificadamente a la policía de Río Negro”, sostuvo Larreguy. No dijo quién, aunque quedó claro que se refería a todo el arco de abogados, funcionarios judiciales o políticos, legisladores, organismos de derechos humanos, periodistas, especialistas y no especialistas, provinciales y nacionales que consideraban a Bariloche como tierra policialmente arrasada.

Sobre el caso Bonnefoi sostuvo que “no se puede aceptar bajo livianas acusaciones que el caso de Diego Bonnefoi fue un gatillo fácil”, describió otros casos de gatillo fácil en el que señaló una “actuación deliberada del Estado”, y agregó que “este gobierno provincial no comparte sino que, por el contrario, aborrece” casos semejantes. Aseguró que no se usaron armas con proyecticles de plomo y que esto se puede comprobar porque hubo una “orden estricta de que no se portaran armas reglamentarias, únicamente antitumulto” y para comprobarlo citó la existencia de un “mensaje de texto”.

Más allá de la orden estricta, fotos de la actuación policial demostraron que policías utilizaron armas reglamentarias pasando por encima del SMS ministerial. Tanto fue así que el propio ministro estuvo acompañado por un subcomisario que explicó algunas fotos tomadas los días de la represión. En una de ellas se ve a dos uniformados apuntando con sus pistolas reglamentarias, que llevan balas de plomo. El subcomisario explicó que, “si bien hay un protocolo de no llevar armas letales, en este caso es una unidad táctica que está atenta por si existe alguna agresión ilegítima con armamento letal de otro sector, el dedo índice que acciona se encuentra fuera del arco (del gatillo), no apuntan, es una posición de cobertura”.

Larreguy insistió en que “somos sumamente respetuosos de la Justicia y de los que piensan distinto”. Curiosamente ayer, uno de los integrantes de la Multisectorial, que agrupa a sectores de toda la sociedad de Bariloche, fue detenido (y luego liberado) bajo la acusación de que había robado. “A Marcos le preguntaban por qué los molestaba tanto (a los policías), le preguntaban quiénes eran sus amigos, cuándo y dónde se reunían, es claramente una amenaza”, reaccionó la defensora del Pueblo de Río Negro, Ana Piccinini, que llegaba de participar de una reunión con la Multisectorial en la que le pidieron su colaboración. “Ahora, la línea que están tomando el fiscal Marcos Burgos y el juez Martín Lozada es la de encontrar al o a los responsables que dieron las órdenes de reprimir –agregó Piccinini–. Por eso el gobierno sale tan abiertamente a defender las jerarquías, a decir que ninguna de las líneas de mando tiene responsabilidad. En Bariloche están muy mal, están con mucho miedo, congoja, están susceptibles, faltan señales tranquilizadoras del gobierno que, para colmo, no resuelve, no despeja, contamina la investigación, aunque diga que respeta a la Justicia, porque saca a sus funcionarios a hacer declaraciones y amedrentar a los testigos”.

“El gobernador recién apareció a los quince días –señaló la abogada Marina Schifrin, que hace unos días denunció amenazas–. Dicen que no usaron proyectiles de plomo. Y como son postas de escopeta, no se puede demostrar. Se agarran de que dijeron haber visto armas caseras, tumberas, y no se puede probar. Hay cantidad de testigos de las muertes, pero tienen miedo, no existen garantías de protección de testigos o identidad reservada. Para colmo, la Cámara Segunda tiene un dictamen que le quita validez al testigo de identidad reservada. Además, acá dicen ‘igual no van a agarrar a nadie’. Por qué entonces arriesgarían su vida.”

Y suponiendo que de todas formas lo hicieran, dudan de que el juez a cargo, Gaimaro Pozzi, y la polémica Cámara Segunda vayan a creer a los testigos del lado oscuro como creyeron el relato que responsabilizó al velcro defectuoso de una cartuchera y a la buena puntería de la mala suerte.