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Desde San Miguel de Tucumán

La estrategia de los abogados defensores, que se evidenció sobre todo cuando declararon Susana Trimarco, madre de Marita Verón, y las testigos-víctimas encabezadas por Fátima M. y Andrea D., consiste en desacreditar a quienes están en condiciones de aportar datos sustanciales sobre la presencia de la secuestrada en abril de 2002 en los prostíbulos riojanos o cuando están en condiciones de identificar a alguno de los 13 imputados. “Esta es una causa armada por el D-2 (una dependencia policial que arrastra mala fama desde la dictadura militar) y por el comisario Jorge Eduardo Tobar”, dijo a este diario Jorge Cáceres, que defiende a los imputados riojanos y que es uno de los más activos a la hora de pedir nulidades o de cuestionar las preguntas del fiscal y los querellantes.

“Esta es una causa política que fue armada por Trimarco y Tobar. Si avanzó es porque existe ya una condena social, mediática y política”, recalcó Cáceres, que relativizó los testimonios diciendo que “es muy difícil analizar una prueba que se reunió en la instrucción cometiendo violaciones a los derechos y garantías constitucionales de testigos y de imputados”.

El primer planteo formal fue presentado por los defensores cuando el testigo Orlando Dionisio Nadal Olivero, cuya declaración no fue una de las más importantes, sostuvo que había firmado su declaración sin leer el texto, escrito con computadora. El testimonio fue tomado por la policía, al parecer, en casa del testigo y no en sede policial. Ese dato dio lugar a una durísima crítica de los defensores contra el D-2 y la querella.

Los defensores tratan de sacarle provecho a un hecho real y concreto: la instrucción se hizo a los ponchazos, con el empuje de Trimarco, en medio de una maraña de versiones antojadizas lanzadas, en muchos casos, por los propios sospechosos, ante la pasividad de un Poder Judicial titubeante y cuando menos ineficaz. Basta recordar que en algunos momentos los sospechosos llegaron a ser el concubino de Marita Verón y familiares directos de la víctima. Las hipótesis se orientaron en otros momentos al Instituto de Maternidad hacia donde iba Marita el día en que la secuestraron, al Hospital del Centro de Salud, hacia El Chañar, donde se hizo un rastrillaje, hacia la provincia de Salta a través de la Policía Federal y finalmente hacia los prostíbulos de La Rioja. En las primeras semanas del juicio, las defensas les apuntaron a las testigos, sobre todo a las mujeres que también fueron víctimas de la trata.

Los reproches de los defensores apuntaron a que, en algunos casos, aunque había convicción en los dichos y en la descripción de las situaciones vividas, faltaba precisión en cuanto a fechas. Una fuente judicial comentó que “es lógico que mujeres que han pasado por estas situaciones hayan hecho un esfuerzo para olvidar lo que les ocurrió. Si es verdad todo lo que cuentan sobre los vejámenes sufridos en los prostíbulos, es muy lógico que les cueste recordar. Han sido violadas y ése es un delito del cual las víctimas se quieren olvidar para poder seguir viviendo”.