Las mujeres de la alta sociedad, a la que pertenece Mauricio Macri, cuando enfrentan un embarazo inconveniente, que no quieren continuar, abortan en consultorios elegantes, clandestinos, pero elegantes. Y aunque la propia clandestinidad del aborto siempre genera inseguridad, saben que la práctica no podrá en riesgo su vida. Lo han hecho sus madres, sus tías, sus primas, sus compañeras de colegio. Porque en la Argentina abortan mujeres de todos los sectores sociales. La gran diferencia es que las de barrios populares pueden morir en ese intento de reafirmar su autonomía sobre su cuerpo y decidir sobre su proyecto de vida. La semana pasada murió en el Hospital Pirovano una joven de 20 años como consecuencia de un aborto realizado en condiciones precarias que derivó en una infección generalizada: cuando llegó a la guardia ya era tarde. Su cuerpo, de muchacha pobre, perdió la pulseada. Sobre esa muerte, el gobierno porteño no dijo nada. Prefirió silenciar la tragedia. Porque esa muerte era absolutamente evitable: un aborto, que en sí mismo es una intervención segura si se realiza en condiciones adecuadas, si el Estado garantiza la práctica. Ninguna mujer debería morirse por un aborto. De eso hablamos cuando reclamamos al Congreso que apruebe la despenalización y legalización del aborto. Pero como el que está en juego es el cuerpo de mujeres –exclusivamente de mujeres–, para diputados y senadores el tema no es relevante. Un viejo cántico feminista dice: “Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley”. Podríamos agregar: “Si los hombres se embarazaran no estaría criminalizado interrumpir una gestación”. ¿Se imaginan a un varón obligado a seguir un embarazo contra su voluntad? Es una hipótesis inverosímil. Pero vale la pena el ejercicio de pensarlo.

La ley que vetó Macri no amplía el acceso al aborto: simplemente reglamenta la atención de los casos que están permitidos en el Código Penal desde 1921 en los términos que marcó la Corte Suprema, en su fallo del 13 de marzo. Para evitar que niñas, adolescentes y mujeres que son víctimas de una violación y quedan embarazadas, puedan acceder al derecho que tienen de poner fin a esa gestación forzada, sin recorridos burocráticos, que las revictimizan. Pero la resolución que queda vigente no hace más que imponer requisitos arbitrarios e ilegales –según el máximo tribunal– a las mujeres que demandan un aborto no punible y hasta se corre el riesgo de que no se les garantice la intervención –por ejemplo, si se pasan de las 12 semanas de embarazo–. Es una clara muestra de la doble moral de los conservadores: pagan abortos caros –clandestinos, pero seguros– en el sector privado, incluso por fuera de la ley, y a las mujeres de sectores más vulnerables que concurren a los hospitales públicos para pedir una interrupción legal de embarazo –en caso de violación o cuando corre riesgo su vida o su salud– pretenden obstaculizarles su derecho con exigencias innecesarias.