En la madrugada del miércoles, oficiales de la Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y agentes de la AFIP realizaron cuatro allanamientos simultáneos en la capital de Salta y desbarataron parte de una red de trata de personas con vínculos fuera del país. Fuentes judiciales aseguraron a Página/12 que los primeros operativos se realizaron en tres locales de acceso público y un “departamento privado” en donde, además, fue demorado el intendente del pueblo fronterizo Salvador Mazza, Carlos Villalba. En un comunicado, la AFIP informó que fueron rescatadas “37 mujeres víctimas de explotación sexual”, detenidas siete personas y demoradas otras siete. Además, la entidad aseguró que “la organización delictiva local está estrechamente vinculada con la conexión de Calama”, la localidad chilena conocida por la minería.

El intendente Villalba fue demorado por averiguación de antecedentes. Liberado una vez que la policía comprobó su identidad, en primera instancia declaró públicamente que creía que se hallaba “en un bar”, aunque luego dijo que creía que se trataba de “una casa de familia” y que los dueños de casa, “amigos” de él, se dedicaban “al comercio”. Se investiga si Villalba estaba vinculado con la red de trata, aunque fuentes de la investigación señalaron a este diario que la sospecha más fuerte es que se encontraba en el privado en calidad de cliente. Por otra parte, en el mismo lugar donde él fue demorado, la policía detuvo a Marisel Llanes, la mujer de 27 años a quien la investigación sindica como cabecilla de la red local y socia del responsable de la red chilena (ver aparte).

Una treintena de mujeres rescatadas fueron albergadas en el refugio para víctimas de violencia que depende del Ministerio de Derechos Humanos salteño. Todas rondan entre los 18 y los 30 años, y en su mayoría son salteñas, aunque también había algunas oriundas de Jujuy, contó a este diario Germán Díaz, abogado de la Fundación María de los Angeles, que junto a otros integrantes de la entidad brindó las primeras asistencias a las mujeres. En adelante será personal del Ministerio de Derechos Humanos salteño el responsable de la atención psicológica y social a las víctimas. María Pace, titular de la cartera, señaló que las rescatadas son consideradas víctimas porque “la ley no admite ningún tipo de consentimiento (para la explotación) y en cualquier caso están bajo sometimiento a explotación sexual ajena”. Además calificó como “repudiable” la presencia del intendente Villalba en un privado porque “en la matriz de la explotación sexual, además de los proxenetas, también están los que pagan por esa explotación”.

La investigación de la AFIP comenzó en 2010, cuando personal de la Aduana observó movimientos recurrentes en el Paso de Sico, cruce de fronteras entre Argentina y Chile. “Se verificaba el cruce de un conductor con varias mujeres desde y hacia Calama”, la localidad chilena dedicada a la minería, explicó una fuente de la AFIP. Durante 2011 “se siguió monitoreando el seguimiento de cruces sin obtener resultados suficientes para obtener una investigación. La semana pasada, en una reunión operativa entre AFIP y PFA se nos informa acerca de datos relacionados con las mismas personas que realizaban los cruces de las mujeres a Chile, pudiendo determinar la participación de Marisel Llanes como el vínculo local de la red en Argentina, con asiento en Salta y Jujuy”. El lunes de esta semana, la AFIP radicó la denuncia judicial; luego pidió al titular del Juzgado Federal 2 de Salta, Miguel Medina, que realizara allanamientos en base a los datos de la denuncia. Esos operativos comenzaron en la madrugada del miércoles al jueves y continuaron ayer por la mañana. Participaron 80 agentes de la AFIP y perros entrenados. Fuentes del Ministerio de Seguridad confirmaron que a ellos se sumaron cerca de 70 agentes de la Policía Federal.

En un comunicado, la AFIP explicó qué “irregularidades” se convirtieron en los indicios que permitieron realizar la denuncia. Las “inconsistencias fiscales y previsionales en diferentes bares y confiterías nocturnos” llevaron a encontrar similitudes: “Falta de declaración de trabajadores”, inconsistencias entre ingresos declarados y patrimonio existente. “Además, los locales cuentan con un solo ingreso habilitado al público, y es controlado en forma permanente por un vigilador.” Durante la investigación, los agentes detectaron mujeres adultas y menores de edad ofreciendo “servicios sexuales propios y ajenos” en los locales.

Aunque los allanamientos arrojaron resultados positivos, ayer el juez Medina no tomó declaración a las mujeres rescatadas. El abogado Díaz, de la Fundación María de los Angeles, explicó que “no quiso porque las chicas eran muchas. Es lamentable. Eso provoca que las chicas se vayan, y seguramente mañana ya van a tener otra versión”.