Julieta Añazco es empleada municipal y vive en La Plata. Durante más de 30 años anuló en su memoria episodios dolorosos de su infancia. Hasta que un día, un año y medio atrás, al pasar frente a la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, de la localidad bonaerense de City Bell, algo se activó en sus recuerdos y sacó del olvido los abusos sexuales que había sufrido de parte del cura Héctor Ricardo Giménez, en campamentos de verano. Desde entonces, Julieta emprendió una lucha comprometida para que el religioso, a quien encontró dando misa en la capilla de un hospital público, fuera juzgado. Del caso informó a fin de año al papa Francisco, en el Vaticano, y al mismo tiempo reclamó al Arzobispado de La Plata explicaciones sobre la protección que le brindaron al sacerdote, después de que otras víctimas, niñas y niños, también lo denunciaran por hechos similares, entre dos y tres décadas atrás. Se trata de otro caso paradigmático de abuso eclesiástico en la Argentina, que esta mujer, que ahora tiene 42 años, espera que no quede impune.

“Esta lucha comenzó por mí, tal vez, tratando de encontrar una reparación personal, una manera de intentar sanar esta herida tan grande que siento dentro de mí, pero después me fui contactando con otros sobrevivientes de abuso eclesiástico, y ellos me han dado más fuerza para seguir luchando no sólo por mí sino también por ellos”, dice Julieta a Página/12. Haber podido hacer la denuncia es parte de su sanación, subraya. “Es un camino que empecé y quiero terminar. Tengo la esperanza de que mi testimonio les allane el camino a otras víctimas, niños y niñas que como yo podrían haber sido víctimas del sacerdote”, agrega. Tiene un hijo de 22 años y un nieto de dos años.

En la causa, que se abrió en la Fiscalía Nº 6 del Departamento Judicial de La Plata y donde se presentó como particular damnificada, pidió la imprescriptibilidad del delito (ver aparte). Y husmeando el archivo judicial, encontró dos causas contra el mismo cura, que datan del ’85 y el ’96, iniciadas por madres de otras chicas y chicos abusados, y que dejan en evidencia el amparo que la Justicia de La Plata y el Arzobispado de La Plata le brindaron a Giménez, como en otros casos de curas pedófilos. La maniobra silenció la voz de las víctimas y permitió que el cura siguiera abusando de otros niños y niñas en distintos destinos pastorales. “Estimamos que este señor abusó de cientos de niñas y niños”, señaló a este diario Estefanía Gelso, integrante del colectivo de abogadas populares Las Ciegas, que junto a su colega Lucía de la Vega patrocina legalmente a Julieta.

La nueva denuncia contra Giménez fue presentada el 19 de septiembre de 2013. Desde la UFI Nº 6, a cargo del fiscal Marcelo Romero, solicitaron al arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, que informe sobre los destinos parroquiales y la actividad de Giménez a principios de los ’80, porque oficialmente, en la página del arzobispado, figura como uno de sus sacerdotes, señala Gelso. Según la denuncia de Julieta, los abusos ocurrieron en los veranos de 1980, 1981 y 1982, en campamentos que organizaba el cura desde la iglesia de City Bell y que tenían lugar en la localidad de Bavio, partido de Magdalena. Pero la investigación penal, cuestionó la abogada, avanza lentamente. “Todavía no citaron a declarar a Giménez”, observó. Y desde octubre, cuando presentaron el escrito en el que Julieta se constituyó como particular damnificada, esperan que Giménez sea notificado del inicio de las actuaciones. “El miércoles 11 informamos al fiscal el cambio del domicilio real del cura, del cual nos enteramos cuando fue a renovar la licencia de conducir recientemente y una amiga de Julieta lo reconoció, para que la notificación se produzca efectivamente”, contó la abogada.

Gelso viajó en diciembre al Vaticano y puso al tanto a la Santa Sede de las acciones penales actuales y de los antecedentes del sacerdote, a la espera de que se tome alguna decisión que rompa la protección que, al parecer, tuvo siempre el cura. Todavía no recibió ninguna señal del papa Francisco. Giménez tiene hoy 86 años. Cuando Julieta recordó los abusos que había sufrido a los ocho, nueve y diez años, pudo localizar al cura y descubrió que estaba al frente de la capilla del Hospital San Juan de Dios, de la ciudad de La Plata. Con distintas organizaciones de mujeres y sociales, le hicieron un escrache, en septiembre de 2013, como informó en ese momento Página/12. Las repercusiones periodísticas de la movilización llevaron al religioso a recluirse en la localidad bonaerense de Carhué, al parecer en la casa de una hermana, según pudo rastrear Julieta. “Cambió de domicilio legal para no ser notificado por el juzgado”, agregó la mujer.

A partir del primer escrache, Julieta se fue contactando con más de una decena de mujeres, de entre 40 y 42 años, que sufrieron los mismos abusos que ella en los campamentos que organizaba Giménez. Algunas quisieron testificar en la causa.

Por ejemplo, declaró una mujer que contó que, como le sucedió a Julieta, siendo niña también había ido a los campamentos y que “el cura las enjabonaba en la ducha”. El padre de esa niña –hoy la mujer tiene alrededor de 40 años– declaró como testigo en el expediente y recordó que su hija le había contado aquellos hechos en su momento, y que cuando se acercó a hablar con el religioso, Giménez le reconoció que lo hacía porque “las niñas se bañaban mal”.

Julieta y las entidades que la acompañan en su lucha organizaron otro escrache en la casa donde vive el sacerdote en el barrio platense de Los Hornos. Después de esa acción, otra mujer de unos 50 años se contactó con ella y le contó que en la década del ’70, Giménez estuvo en el barrio porteño de Flores, en la iglesia Santa Clara. Y le describió los mismos tipos de abusos en el momento de la confesión y el alejamiento del sacerdote de la parroquia en medio de un escándalo.

De la investigación que llevan adelante las abogadas y Julieta se puede observar cómo el cura fue trasladado a distintos destinos, donde repitió sus conductas delictivas. Sin llegar a tener castigo penal, a pesar de que las denuncias se iban repitiendo (ver aparte).

En su lucha contra la impunidad que logró el cura durante décadas, Julieta envió en octubre una carta al Arzobispado de La Plata, en la que “como católica” le solicita a Aguer que le informe si en su momento la Iglesia Católica inició los procesos canónicos previstos para los casos de religiosos denunciados por abuso sexual infantil. En lugar de una respuesta concreta, Julieta recibió una contestación un tanto intimidatoria: la mujer había escrito en la carta que entregó en el arzobispado el domicilio legal, constituido en el estudio de sus abogadas; sin embargo, el arzobispado se encargó de conseguir su dirección particular y enviarle allí una nota en la que le proponen una “reflexión serena y completa entre las partes interesadas, que faciliten el bien de las personas damnificadas y también el bien de la Iglesia”. La misiva lleva la firma del vicario judicial del arzobispado, Javier Fronza. Y la invitan a acercarse a la sede a conversar sobre el tema. Julieta aclaró a este diario que irá acompañada por sus abogadas. El encuentro todavía no se concretó.

“Nuestra lucha es por intentar que la Iglesia aparte a los curas que abusaron de nosotros en el contacto con niños, es lo que más nos preocupa. Y que los juzgue. Y que la Justicia penal también los juzgue y los condene, y que cumplan esa condena donde deben, que es en una cárcel y que dejen de percibir los beneficios que le otorga la Iglesia. ¿Será mucho pedir? No lo sé, pero lucharemos por todo ello”, afirma Julieta, convencida.

Una sentencia de junio 2014, de la Sala I de la Cámara en lo Criminal de Paraná, le da esperanzas de que los delitos que denunció efectivamente sean investigados y castigados, a pesar del tiempo transcurrido. Ese tribunal resolvió que no está prescripta la acción penal para investigar y sancionar a otro sacerdote católico, Justo Ilarraz, denunciado por presuntos delitos sexuales cometidos entre 1985 y 1993, contra niños que estudiaban en el Seminario Menor de Paraná. La sentencia fue confirmada en octubre por la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos, luego de que la defensa del religioso argumentara que se pretendía juzgar hechos prescriptos. Los abogados de los querellantes y el procurador general de la provincia, Jorge García, sostuvieron que correspondía continuar con la investigación, por tratarse de presuntas violaciones graves a los derechos humanos de niños, protegidos por la Convención Internacional de Derechos Humanos y de Derechos del Niño, tutelados en la Constitución Nacional, superiores en jerarquía a cualquier norma del Estado, por lo que no cabía la prescripción. Además había remarcado el rol del religioso en la educación de alumnos pupilos bajo su guarda. Con esta resolución, la causa, iniciada en 2012, sigue su etapa de instrucción en el juzgado de origen. En total son siete denuncias de hombres que en ese momento tenían entre 12 y 14 años.