El despacho del primer piso de la calle 2, entre 51 y 53, en La Plata, tiene un sillón particular. En los pasillos del edificio a ese sillón lo conocen como “la Silla Eléctrica”, porque al que sientan allí es para ejecutarlo. En ese sillón, desde hace dos años, se sienta León Arslanian, después de un intento iniciado en el ’98 y frustrado por el manodurismo de Ru- ckauf en el ’99. Aquel 13 de abril de 2004, al asumir en el Ministerio de Seguridad provincial, Arslanian presentó un plan trienal de reforma profunda. En aquel momento anticipó que la Maldita Policía “no cambiará de la noche a la mañana”. Le falta un año para completar aquel plan. En el medio no sólo pasaron 875 exonerados y otros 114 recién retirados o en disponibilidad (entre ellos, Osvaldo Seisdedos). Los organismos de DD.HH. reconocen los méritos de la gestión, pero también sus nudos. El CELS y la Comisión Provincial por la Memoria confirman que descendió el delito, pero que en las comisarías se sigue torturando bajo el signo de los apremios ilegales, que la Bonaerense sigue armando causas y que por dentro siguen existiendo los mismos parámetros de discrecionalidad.

Con fecha 31 de marzo de 2006, la resolución 317 publicada en el Boletín Informativo 30/06 del Ministerio de Seguridad anunció que 114 uniformados fueron jubilados o pasados a disponibilidad: 72 fueron pasados a retiro activo obligatorio y los otros 42 a disponibilidad simple. Entre los primeros figura el ex superintendente Osvaldo Seisdedos; entre los segundos, los ex comisionados Aníbal Degastaldi y José Aurelio Ferrari. En los pasillos policiales, el retiro activo obligatorio y la disponibilidad simple son metáforas de “sacar del medio a alguien”.

Pese a las informalidades con las que funciona, el territorio policial obedece a cánones profundamente formales. No es lo mismo jubilar con honores que despedir: produce demasiado ruido interno. Que se haya cumplido el límite de edad no significa el retiro automático. Hay en los despachos policiales infinidad de casos de perdurabilidad más allá de los plazos jubilatorios. Permanecer sólo se logra formando parte de la confianza del de arriba. “A Seisdedos lo echaron por el problema del asalto al Banco Río –señaló un ex comisario, conocedor y buen traductor de los vericuetos y hábitos del ministerio de 2 y 52–. Filtró información, el video de seguridad del banco que fue entregado a Canal 9. Pero a Seisdedos ya lo tenían marcado. No lo van a admitir, pero era el último apellido grande que había crecido de la mano del Chorizo Rodríguez. Jubilarlo a la fuerza es como sacarlo sin ruido.”

Visto desde ese punto de vista, Seisdedos fue un escollo. No fue el único. Un mes después de haber asumido, Arslanian exoneró a 303 policías en actividad, y un mes después se sumaron 201 y 158 veinte días más tarde. En total, por resoluciones de prescindibilidad, fueron echados de la Bonaerense 875 policías. Entre ellos, representantes de la ex Maldita, condenados por la Justicia, procesados o sumariados por delitos graves. A esto se le suman los 114 corridos elegantemente.

Otro nudo oscuro para la Bonaerense son las comisarías. Es cierto que no es un problema que surja de la gestión actual, pero el mismo Arslanian reconoció no haber podido resolverlo. En su trabajo Muerte dudosa en comisaría, el CELS elaboró una serie de casos en los que la detención de personas derivó en muertes “por suicidio”. El caso de Oscar Daniel Migone, citado por el trabajo, ocurrió el 10 de noviembre del 2005 en la tristemente célebre 9ª de La Plata, la misma donde en el ’93 fue torturado hasta la muerte el estudiante de periodismo Miguel Bru. Según la autopsia, Migone murió por asfixia. Los policías dicen que apareció ahorcado con una campera de jean en una celda. La autopsia señala que, previo a su muerte, la víctima fue golpeada posiblemente dentro de la 9ª. El nombre de Migone no apareció inscripto en el libro de ingresos. “Nos dijeron que lo habían anotado en un borrador, para pasarlo después en limpio –dijo su padre–. Nos dijeron que lo llevaron al hospital San Martín todavía con vida, pero en el hospital no figura su ingreso porque ya había entrado muerto; ningún médico iba a firmar el certificado porque no sabían cómo murió, ni cuándo, ni dónde”.

El CELS también señala las ejecuciones en descampados, semejantes a los escuadrones de la muerte, especialmente en la Zona Norte. También señala el caso del comisario retirado Oscar Beauvais, hallado muerto con tres balas en la cabeza el 17 de agosto de 2005. Su historia y la disposición de cerca de medio millón de dólares llevó el caso hacia una vendetta y a la pregunta de cómo había reunido tanto dinero un comisario. Algunos vincularon el caso al negocio de las drogas.

Es cierto que, según las estadísticas provistas por el CELS, entre 2005 y 2006 se registró la menor cantidad de muertes por gatillo fácil o por participación policial de la última década. El pico tuvo lugar entre el segundo semestre de 2001 y el primero del 2002, cuando se registraron 170 muertes, contra las 56 personas muertas el año pasado. Una cifra que por lo abultada no deja de ser implacable en relación con las absurdas muertes provocadas otros años.

“Un dato importante es que nuestro Comité Contra la Tortura recibió desde el 2000 hasta abril del 2004, 2065 denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidos por personal de la Bonaerense –dijo a este diario Alejandro Mosquera, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria–. Si tomamos la segunda etapa Arslanian desde abril de 2004 hasta diciembre de 2005, las denuncias que recibimos fueron 153. Tomando las denuncias por apremios ilegales en comisarías, que muchas veces esconden verdaderas torturas, pasamos de las 100 denunciadas en el 2000, a 732 en 2003 y 9 en el 2005.”

Según los registros de la Comisión, no son pocas las comisarías en las que los presos sufren condiciones infrahumanas, falta de atención médica o de entrega a tiempo de medicamentos. “Todos aceptan que las dependencias policiales no son lugares para el alojamiento de personas detenidas –agregó Mosquera–, tanto por la falta de función y preparación de la policía para cuidarlos, como por la sustracción de personal que tendría que dedicarse a la seguridad en lugar de cuidar a los detenidos, pero también por la cadena de corruptelas que significa que haya detenidos en comisarías. En nuestras visitas a comisarías hemos detectado algunas donde después del fallo de la Corte Suprema de la Nación se adecuó la cantidad de gente detenida. Pero en otras, hemos visto celdas sin ventilación, donde las paredes chorrean agua de la transpiración por la cantidad de gente que tienen alojada, con colchones en el piso”.

De acuerdo con la ex senadora (UCR) Elisa Carca, también integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, “cuando empezamos a recibir cataratas de datos por violaciones a los derechos humanos, nos reunimos con Arslanian para coordinar acciones que permitan hacer un paralelo con los sumarios administrativos dentro de la fuerza. Nuestra información le fue girada periódicamente, pero nunca tuvimos respuesta ni seguimiento de los sumarios. Chequeando los nombres que aparecen en las purgas no encontramos a aquellos involucrados en procesos judiciales. Vale preguntarnos cuáles son los parámetros para realizar las purgas.”

El CELS toma varios casos ocurridos en territorio bonaerense para destacar “el fenómeno de los casos fraguados y los presos inocentes de la provincia de Buenos Aires”, vinculando la corrupción policial con el funcionamiento judicial. La Reforma Procesal bonaerense entregó el motor de la investigación en manos de los fiscales, suponiendo que de ese modo el juez quedaría en el centro para defender las garantías e impartir Justicia. Pero, según señala el CELS tras describir una serie de casos típicos y recientes ocurridos en jurisdicción bonaerense, los fiscales depositan la investigación en la policía. El CELS detecta en este funcionamiento: “la convalidación acrítica de la hipótesis policial por parte del Ministerio Público; la sistemática delegación de la investigación preliminar en la policía; incapacidad de los fiscales para controlar a la policía; ausencia de control sobre el uso de testigos de identidad reservada; acusaciones basadas en la sospecha policial”. El informe señala en el trabajo Prácticas ilegales de la policía en Argentina, de Cecilia Ales, Gastón Chillier, director del CELS, y Gustavo Palmieri, director del Programa de Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana, del CELS, que agrega que “la invención de causas requiere actividades para la obtención ilegal de armas, explosivos y drogas, una rutina sistemática de falsificación de registros y una política de abuso de la fuerza que permita restar importancia a las lesiones (o la eventual muerte de la víctima) que se produjeran con el fin de otorgar mayor trascendencia a la actividad policial.”