El Gobierno decidió intimar a las petroleras cuyo nivel de reservas es declinante para que lo recuperen en un plazo determinado. La amenaza es que se les quitará la concesión de los pozos afectados por esa caída, si no cumplen con la exigencia oficial. La embestida planeada por el ministro Julio De Vido tiene como sujetos a Repsol YPF, Petrobras y Chevron, entre otras compañías cuyas áreas en los últimos años sufrieron una merma de alrededor de un 20 por ciento de sus reservas. Es justo el mismo período en que otras petroleras las habrían incrementado en más de un 50 por ciento. Será un intento de estimular las escatimadas inversiones en el sector, cometido que el Estado no pudo lograr hasta ahora con la promesa de otorgar importantes desgravaciones impositivas.

La diferencia entre unas y otras productoras que explotan áreas geográficamente próximas sirvió de estímulo para que la Secretaría de Energía pensara en un potencial castigo, sobre la base de juzgar el comportamiento individual de cada pozo con miras a quitarle la concesión a los presuntos incumplidores del mandato contractual. Así, las compañías mencionadas integrarían el núcleo de las posibles penalizadas, mientras que a juicio del propio titular de Planificación las firmas Total, Pan American Energy, Wintershall y Oxi conforman el bando de las que honraron la obligación de mantener o aumentar las reservas, según los casos.

El fundamento legal para el planteo del Gobierno sería un enunciado contenido en los propios contratos de concesión de las áreas hidrocarburíferas, por el cual las petroleras estarían obligadas a maximizar los esfuerzos exploratorios. El párrafo es un intento de que al final de la concesión –el grueso de los contratos caducan entre el 2016 y el 2017– hayan repuesto las reservas consumidas.

Una de las preocupaciones centrales del Gobierno gira en torno del gas, que tiene un lugar prioritario en la matriz energética del país y cuya producción es dramáticamente declinante. Empezando por Loma de la Lata, el reservorio más importante conocido, que está a cargo de Repsol YPF: sólo cumplió parcialmente la promesa de invertir en su desarrollo alrededor de 3500 millones de dólares. De haberlo hecho, el riesgo de que Argentina sufra una crisis energética por falta de ese carburante, también crucial para la producción de energía eléctrica, habría disminuido notoriamente.

A principios de los noventa Argentina tenía reservas gasíferas para treinta y cinco años, un horizonte que hoy se encogió a menos de diez y en un contexto de demanda creciente. Este panorama acentúa la dependencia del gas boliviano, cuyo precio de importación es motivo de arduas negociaciones entre el gobierno de Evo Morales y el kirchnerista. Hoy la proporción de pozos exploratorios en relación con los productivos se redujo a la mitad respecto de la época de la estatal YPF, otro dato que los funcionarios del área tienen presente a la hora de presionar a las productoras. Las privadas son cada vez más renuentes a arriesgar recursos, tanto para buscar en zonas nuevas como para intensificar el trabajo en las que ya tienen adjudicadas.

Este panorama crítico generado por la desinversión privada es reconocido por las propias protagonistas, siempre bajo el justificativo de que los precios no son suficientes para encarar inversiones de alto riesgo. Hacia fines del año pasado Oscar Vicente, director de Petrobras, aludió al problema en un foro patronal. “Nosotros venimos alertando desde hace bastante tiempo sobre las inversiones exploratorias en la Argentina, tanto por los reducidos montos invertidos como por los menores aciertos y sus consecuencias”, afirmó el ex ejecutivo de Pérez Companc. “Disminuyeron las reservas y la productividad por pozo, signo evidente de una creciente madurez de los yacimientos y la falta de incorporación de petróleo nuevo”, agregó.

El propio Instituto Argentino del Petróleo y el Gas da cuenta del derrape de todos los indicadores, que habrían alcanzado un nivel pico cerca de 1998. Desde entonces y hasta 2004, la producción de petróleo disminuyó un 17,3 por ciento y las reservas un 19,3. En ese mismo lapso la producción promedio por pozo cayó de 10 a 6,5 metros cúbicos por día. Aun así, el panorama parece menos crítico que el del gas natural, cuyas reservas retrocedieron un 28 por ciento entre 2000 y 2004, lo que hace que Argentina no disponga de ese recurso por más de una década, a menos que se encuentren nuevos yacimientos. Después, sólo queda la importación y al valor que se consiga en el inestable mercado internacional.

Para completar el cuadro bien vale tener en cuenta que las áreas productivas argentinas hoy alcanzan solamente el 32 por ciento del “total útil prospectable”. Dicho de otro modo, el 68 por ciento de la superficie de las veinticuatro cuencas sedimentarias en las que está dividido todo el territorio argentino (zonas cuyas características geológicas hacen factible el hallazgo de hidrocarburos) aún no han sido exploradas. Pero mientras que a través de la estatal Enarsa se intenta encontrar socios capitalistas para encarar esa búsqueda onerosa y de resultado aleatorio, la política oficial también prevé obligar a las petroleras que ya tienen áreas adjudicadas a que aumenten sus esfuerzos para reponer lo que consumen.

Está pendiente una nueva Ley de Hidrocarburos que, según uno de los últimos decretos modificatorios, reconoce la propiedad del subsuelo a las provincias. Esta misma norma también menciona la obligación del concesionario de hacer las inversiones para explorar y explotar el área concedida, enunciado de un soporte adicional al compromiso asumido mediante contrato y que De Vido prevé invocar.

El Poder Ejecutivo ya intentó estimular las inversiones por la vía de un nuevo régimen con incentivos fiscales específicos para el sector. Pero hasta ahora esos anzuelos impositivos no sirvieron para motorizar los esfuerzos en las zonas adjudicadas, y por eso el Gobierno va a apelar a una vía compulsiva de resultado incierto. Aun si la amenaza de quitarle las concesiones a las empresas en falta es eficaz, el resultado de la apuesta oficial es imprevisible, ya que nada garantiza que las nuevas exploraciones conduzcan a un hallazgo. Otra gran incógnita es qué hará el Gobierno con las áreas que pudiera rescatar: o las relicita o engruesan los activos de Enarsa, que luego tendrá que salir a buscar capitales para poder auscultar el subsuelo.