El gobierno argentino le dio el placet al nuevo embajador de Bolivia en la Argentina, Roger Ortiz Mercado. Es un cercano colaborador de Evo Morales que ya transmitió a la Casa Rosada que dispondrá la destitución del cargo del cuestionado cónsul boliviano en Buenos Aires, Albaro Gonzales Quint. El funcionario es muy cuestionado entre otras cosas porque se lo vincula con los dueños de talleres que mantenían a sus trabajadores en un régimen servil. En fuentes cercanas al gobierno de Néstor Kirchner cayó mal que Gonzales Quint haya participado de marchas, asambleas e incluso polémicas televisivas en lugar de abocarse, en colaboración con la Cancillería, a buscar una solución a la dramática situación que viven los inmigrantes bolivianos. Desde ayer está en Buenos Aires una delegación de alto nivel del gobierno de La Paz, encabezada por el vicecanciller Mauricio Dorfler e integrada por varios viceministros, y la instrucción del presidente Kirchner es que se avance, junto al gobierno porteño, en encontrar formas de preservar los puestos de trabajo de los bolivianos en la Argentina.

El nuevo embajador de Bolivia es integrante del Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, desde 2002. Fue el referente de esa fuerza en el departamento de Santa Cruz, donde el MAS creció de forma espectacular. Se calculaba que allí Morales sacaría el 6 por ciento de los votos y terminó sacando el 33. El diplomático vivió diez años en Argentina, estudió Agronomía en Tandil y Economía en El Salvador. Es un experto en cooperativismo, una de las claves –creen en la Casa Rosada, la Cancillería y el Gobierno de la Ciudad– para sacar adelante la problemática de los talleres textiles en los que trabajan los inmigrantes bolivianos.

Ortiz Mercado tardará todavía unos días –tal vez dos semanas– en asumir su cargo en Buenos Aires, pero la decisión de desplazar a la cabeza del Consulado está tomada. Existen datos concretos de que el Cónsul Gonzales Quint actuó como mediador en cuestiones laborales de trabajadores de los talleres y los dueños, algo que no es de su competencia sino del Ministerio de Trabajo argentino. En su momento, cuando hubo escándalos por el funcionamiento de algunos de los talleres, dijo públicamente que “ya se les dieron las oportunidades de blanquearse a los dueños de los talleres” y en los últimos días pidió que se frenen las clausuras. En la Rosada no gustó para nada que se pusiera del lado de los dueños de los talleres y tampoco que participara de marchas y polémicas televisivas.

Gustavo Vera, uno de los referentes de la comunidad boliviana y líder de La Alameda, un comedor comunitario y agrupamiento de trabajadores textiles, insiste en que cuando ciudadanos bolivianos intentaron denunciar su situación en la comisaría 40, les rechazaron la denuncia y les dijeron que debían hacerla en el Consulado boliviano, donde las cosas terminaban empantanándose. A esto se debe agregar la denuncia de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre que se presentó a la Justicia para señalar que el cónsul está relacionado “con la red que actúa internacionalmente trayendo inmigrantes bolivianos para trabajar en condiciones infrahumanas”. Este encuadre coincide con el del gobierno porteño que encabeza Jorge Telerman. Ministros como Enrique Rodríguez, Diego Gorgal y Gabriela Cerruti señalan que lo que existe es una red de tráfico de personas para hacerlas trabajar casi en forma esclava. Para redondear las acusaciones contra Gonzales Quint, se señala que los trámites para traer a la Argentina los tres documentos necesarios para tramitar la radicación -certificado de nacionalidad, certificado de antecedentes y en algunos casos carta de nacionalidad– se demoraban en forma sospechosa y el costo total rondaba los 100 dólares, una cifra inaccesible para la mayoría de los inmigrantes.

Según trascendió en La Paz, Ortiz Mercado viene con expresas instrucciones de Evo Morales, que varias veces habló por teléfono con el presidente Kirchner en los últimos días. La prioridad es producir una masiva legalización de los bolivianos en la Argentina. El gobierno de La Paz lo que menos quiere es un regreso de miles de bolivianos a Bolivia. Crearía un problema social, partiendo del hecho de que sería muy difícil que consiguieran trabajo. Para Bolivia también tienen importancia los fondos que envían los bolivianos radicados en la Argentina a sus familiares en Bolivia.

En los diálogos binacionales se le pidió a la Casa Rosada que no se hable de “esclavitud”, ya que el cuadro de situación no se parece a lo que se conoce como trabajo esclavo, por ejemplo, en Africa. La Paz prefiere que se utilice el término “servidumbre”. También hay preocupación por el término “allanamientos”, que en Bolivia es tomado como sinónimo de detenciones y deportaciones. En esto ya hay un acuerdo con la Casa Rosada: no habrá deportaciones, la estrategia es regularizar la situación de los inmigrantes.

La Paz hizo saber a la Argentina que otra de las prioridades es darle derechos políticos a los bolivianos que están en el país. Hoy en día se calcula que hay dos millones de bolivianos viviendo en Argentina y que no tienen derecho a voto en su país. Hubo varias reuniones con funcionarios argentinos que están asesorando a los bolivianos sobre los métodos y la redacción de leyes para que se instrumente el voto de los bolivianos que viven en el exterior. El presidente Kirchner dialogó varias veces con el canciller Jorge Taiana y está claro que la relación con Bolivia se considera privilegiada. Esto se vio hace un mes con el viaje de la delegación que encabezó el ministro de Salud, Ginés González García, y que terminó trágicamente con la caída de un avión. Permanentemente hay misiones viajando de Buenos Aires a La Paz y de la capital boliviana a la argentina.

Ayer llegó a Buenos Aires una amplia delegación boliviana encabezada por el vicecanciller Dorfler y por los viceministros de Coordinación Política, Derechos Humanos, Justicia, Trabajo, la directora de Migraciones y varios senadores y diputados. Hoy mismo visitarán talleres textiles junto al ministro de la Producción de la Ciudad, Enrique Rodríguez, habrá un encuentro con familiares de las víctimas y muy posiblemente participen de una gran asamblea de residentes bolivianos. Para mañana está previsto el encuentro con el canciller Taiana y después con Telerman y los ministros de la ciudad que están trabajando en el tema.